Por Redacción
El Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, encabezó el último viernes una reunión por videoconferencia con autoridades laborales de distintas provincias para evaluar el impacto del artículo 20 de la reforma laboral impulsada por el Gobierno libertario y coordinar una posición común en defensa de las competencias constitucionales de las jurisdicciones.
El encuentro se realizó con funcionarios de carteras de Trabajo provinciales que firmaron una Carta de Intención, con el propósito de sostener una estrategia federal frente al avance de la reforma sobre atribuciones no delegadas por las provincias, entre ellas el poder de policía laboral. Por el Ministerio de Trabajo bonaerense participaron la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Edgar Acuña; el subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón; el asesor ministerial, Gustavo Mariani; y la funcionaria Lorena Pintos.
Durante la reunión, las autoridades provinciales coincidieron en la necesidad de sostener una agenda federal orientada a garantizar el respeto de las competencias locales y la protección de los derechos laborales en cada territorio.
En ese marco, el ministro Correa afirmó: “No nos vamos a correr un centímetro de nuestra Constitución ni de la defensa de los derechos de los trabajadores”. A continuación, sostuvo: “La provincia de Buenos Aires tiene un mandato constitucional que garantiza los derechos del pueblo trabajador, y vamos a seguir accionando conforme a nuestra Constitución y a nuestro poder de policía laboral”.
Según se informó, las carteras provinciales resolvieron profundizar el trabajo conjunto para defender el federalismo y las facultades que les corresponden para fiscalizar, controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en sus respectivas jurisdicciones.
La reunión formó parte de una agenda de articulación federal que busca preservar el rol de las provincias frente a la reforma laboral del gobierno libertario y resguardar el pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
