Por Redacción
El presidente Javier Milei anuló por completo la ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales a raíz de las inundaciones registradas en marzo. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del libertario, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El Congreso había aprobado la norma el 4 de junio. Establecía un fondo especial de $200.000 millones para atender a los damnificados del temporal del 7 de marzo. El texto incluía medidas como la entrega de créditos a tasa subsidiada, exenciones fiscales, suspensión de ejecuciones judiciales y fiscales, y la utilización prioritaria de mano de obra y materiales locales para las tareas de reconstrucción. La administración y ejecución del fondo quedaba bajo control de la Jefatura de Gabinete, en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo justificó el veto al señalar que las acciones previstas por la ley ya habían sido implementadas por el Decreto 238/2025, firmado en marzo, que creó un fondo con idéntico monto para el otorgamiento de subsidios directos a través del programa “Suplemento Único para la Reconstrucción” (S.U.R.), a cargo del Ministerio de Seguridad.
Según los datos oficiales incluidos en el nuevo decreto, 37.546 vecinos de Bahía Blanca se inscribieron en el S.U.R.; de ese total, 32.076 recibieron el pago y 3.962 casos se encuentran bajo análisis. El Gobierno afirmó que el 85,43% de los inscriptos ya accedió al subsidio, y que el programa sigue en etapa de ejecución.
En los considerandos, Javier Milei declaró: “La finalidad de auxilio financiero ya ha sido atendida y en un contexto de emergencia presupuestaria como el actual no es razonable duplicar recursos”. El Ejecutivo cuestionó además la inclusión del municipio de Coronel Rosales en la ley vetada, y afirmó que “no fue identificado como una de las zonas más afectadas por los organismos técnicos, como el Servicio Meteorológico Nacional”.
Otro de los fundamentos del veto fue la falta de previsión presupuestaria. El decreto sostuvo que “el proyecto legislativo omitía indicar la fuente de financiamiento del nuevo fondo, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera, que exige especificar el origen de los recursos para nuevas erogaciones”. De esta manera el gobierno libertario evidenció que su preocupación no recae sobre la situación que viven las personas sino que gestiona para que le cierren las cuentas que terminan por beneficiar al capital especulativo.
El Poder Ejecutivo libertario recordó que parte de la asistencia brindada a los damnificados en Bahía Blanca se financió con un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en 2022, destinado a situaciones de catástrofe natural como la ocurrida en marzo. La Casa Rosada consideró que el Congreso “incurrió en un exceso” al sancionar una ley sin contemplar la disponibilidad de recursos del Tesoro, y calificó la norma como “innecesaria y redundante”.
El proyecto ahora regresa al Parlamento, que deberá decidir si insiste con su aprobación original. Para rechazar el veto presidencial, se requerirá una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, tal como establece la Constitución Nacional.
