Por Redacción
Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral regresiva, el 15 % de los trabajadores asalarias padece algún grado de inseguridad alimentaria, según reveló un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. El estudio advirtió que el acceso limitado a una dieta adecuada ya no se restringe a los sectores más pobres o desocupados, sino que se extendió a trabajadores registrados con ingresos insuficientes.
El otro dato significativo tiene que ver con el hecho de el empleo perdió su valor como garantía de bienestar básico. Entre los asalariados formales, el 7% no logra cubrir sus necesidades alimentarias de manera estable, mientras que en los informales o con trabajos precarios la proporción asciende al 25%.
En términos generales, la investigación de la UCA estimó que la inseguridad alimentaria afecta al 21,3% de la población argentina y al 19,6% de las personas con empleo. En la población asalariada, la incidencia llega al 15,2%, con fuertes diferencias según el tipo de ocupación. El estudio enfatizó que “tener trabajo ya no alcanza para garantizar una alimentación adecuada”.
El nivel educativo también se mostró como un factor decisivo. Entre quienes solo completaron la primaria o no terminaron el secundario, el 34% sufre inseguridad alimentaria. El porcentaje baja al 12,7% entre quienes finalizaron el nivel medio y al 4,6% entre quienes cursaron estudios universitarios, completos o incompletos.
El análisis del ODSA identificó desigualdades marcadas según el nivel socioeconómico. En los hogares pobres, la inseguridad alimentaria alcanza al 38,6%, mientras que en los no pobres se reduce al 6,9%. Dentro de los sectores más bajos, el 21,5% de los trabajadores empleados enfrenta dificultades para acceder a una dieta suficiente.
Por regiones, el conurbano bonaerense presentó los índices más altos, con un 18,9% de asalariados afectados. Le siguieron el interior del país, con un 8,9%, y la Ciudad de Buenos Aires, con un 7,1%. El informe remarcó que
En relación con las condiciones laborales, la UCA precisó que el 24% de los trabajadores informales padece inseguridad alimentaria, frente al 9,8% en el sector formal y al 14,1% en el sector público. Además, los empleados con menor carga horaria registran mayores niveles de privación: el 21,1% de los subocupados declaró no poder comer lo suficiente. Entre los sindicalizados, en cambio, el índice desciende al 7,7%.
Al mismo tiempo, estimó que «los trabajadores sin aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria notablemente superiores en comparación con aquellos con aportes. La precariedad laboral se asocia directamente con una mayor vulnerabilidad alimentaria».
Del mismo modo, el Observatorio de Deuda Social, señaló que «la inseguridad alimentaria es más alta en estratos socioeconómicos bajos y en hogares en situación de pobreza. El nivel educativo también incide: a menor educación, mayor prevalencia de inseguridad alimentaria». El estudio concluyó que la articulación entre la academia, las organizaciones sindicales y el tercer sector resulta fundamental para elaborar políticas públicas que integren empleo, alimentación y protección social.
