Las dos CTA condenaron y repudiaron al Gobierno de Panamá por la deportación inexplicable del dirigente Marcelo Di Stefano

Por Redacción

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores expresaron su enérgico repudio a la decisión del Gobierno de Panamá de impedir el ingreso al país y deportar al dirigente Marcelo Di Stefano, Secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas (CSA). El hecho ocurrió el último domingo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, allí el referente sindical fue demorado durante siete horas para luego ser expulsado sin que las autoridades dieran explicación alguna.

Las conducciones de ambas Centrales indicaron que «Marcelo Di Stefano formaba parte de una delegación sindical internacional que tenía previsto participar de actividades vinculadas a una misión tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientada a evaluar la situación de la libertad sindical en Panamá, en un contexto de reiteradas denuncias internacionales por vulneraciones a los derechos laborales y sindicales».

En esa línea, remarcaron que «este hecho reviste una gravedad institucional extrema, constituye una violación flagrante de los principios democráticos, del diálogo social tripartito y de los convenios internacionales del trabajo, y representa un ataque directo al sindicalismo internacional y a la propia OIT. Medidas de esta naturaleza colocan al Estado panameño en una senda incompatible con el respeto al Orden Público Internacional, a las libertades democráticas y sindicales».

«Desde las CTA exigimos al Gobierno de Panamá explicaciones inmediatas y públicas, el cese de toda práctica de hostigamiento y criminalización de la acción sindical, y la adopción de las garantías necesarias para el pleno ejercicio de la libertad sindical, tanto a nivel nacional como internacional», remarcaron los dirigentes sindicales.

Por último reafirmaron su solidaridad con «la CSA y con el compañero Marcelo Di Stefano, y acompañamos todas las acciones políticas, sindicales y jurídicas que se impulsen en los ámbitos nacionales e internacionales para denunciar este atropello y defender los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores».

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