Por Redacción
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía popular presentó este viernes una denuncia federal contra la cúpula policial y judicial que organizó la infiltración en organizaciones sociales de la provincia de Jujuy. En rueda de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos, dio cuenta del estado de situación sobre el diseño persecutorio montado contra las organizaciones populares.
En ese contexto, la Comisión, expresó que presentó “denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares”. Del mismo modo, se repudió “la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social”.
La denuncia se realizó con el patrocinio de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y está dirigida contra el titular de la cartera de Seguridad de Jujuy, Luis Alberto Martin; el Jefe de la Policía de dicha provincia, Comisario General, Héctor Horacio Herbas y el principal referente de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario Marcelo Rodríguez.
También fueron denunciados Diego Ignacio Funes quien encabeza la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2 de San Salvador de Jujuy y el el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernández.
Desde la UTEP, explicaron que en estos momentos “la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales, organizaciones sociales y sindicales, se encuentra por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial”.
Cabe destacar que en su vista anterior, durante el mes de Julio, la Comisión confeccionó un informe donde registraron 58 casos de graves violaciones de derechos humanos durante la gestión de gobierno de Gerardo Morales. Entre ellas se evidenciaron violaciones del derecho de protesta, a la libertad de expresión, persecución política, abuso de poder, violencia institucional, violación de las leyes de inteligencia y seguridad interna.
La UTEP remarcó que “entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial”.
30/9/2022
