Por Redacción
La Procuración General de la Nación dictaminó ante la Corte Suprema que debía confirmarse la declaración de inconstitucionalidad del artículo 73 del DNU 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, firmado el 20 de diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei y utilizado para avanzar en la desregulación de la economía y modificar numerosas leyes nacionales. El organismo judicial sostuvo que el Poder Ejecutivo no había acreditado las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución para ejercer facultades legislativas mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El dictamen fue emitido el último miércoles por el procurador general interino, Eduardo Casal, en el expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo contra el Poder Ejecutivo Nacional. La central obrera había cuestionado el artículo 73 del decreto y obtuvo un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que declaró la inconstitucionalidad del Título IV del DNU 70/2023, referido a la reforma laboral e integrado por los artículos 53 a 97. En su intervención ante la Corte Suprema, el procurador sostuvo que la CGT había quedado habilitada para cuestionar judicialmente el artículo 73, debido a que su legitimación activa había sido consentida durante el proceso.
Según la argumentación de la procuraduría, el Gobierno no había formulado ante la Cámara una crítica expresa y concreta contra esa condición procesal, por lo que el procurador consideró que la discusión no podía reabrirse en una instancia posterior. El planteo de la Procuración se concentró en la validez constitucional del artículo 73, mientras que una parte sustancial del conflicto perdió vigencia por modificaciones legislativas posteriores.
Cabe señalar que las leyes 27.742 y 27.802 habían alterado el escenario jurídico al modificar, sustituir o derogar gran parte de las disposiciones del DNU 70/2023 que habían sido cuestionadas ante la Justicia. Por esa razón, Casal consideró que la Corte Suprema no debía expedirse sobre aquellos artículos cuya situación jurídica había cambiado. El dictamen sostuvo que, al haber perdido virtualidad las normas involucradas, esa parte de la controversia había devenido abstracta.
La Procuración entendió que correspondía sostener el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había considerado que el Poder Ejecutivo no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran el ejercicio de facultades legislativas mediante un decreto de necesidad y urgencia. El dictamen constituyó un nuevo respaldo judicial al planteo impulsado por la CGT contra una de las disposiciones del decreto que había modificado el marco laboral y económico nacional. La definición quedó ahora en manos de la Corte Suprema.
