Por Redacción
Una orden judicial federal determinó la obligatoriedad de restablecer las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) que el gobierno de Javier Milei había suspendido. El fallo, dictado por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, convalidó una medida cautelar y ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir todas las PNC por “invalidez laboral” suspendidas bajo el Decreto 843/2024.
La resolución exige, asimismo, que se abonen los haberes retenidos a los damnificados. La justicia dispone, al mismo tiempo, la abstención de continuar las auditorías basadas en dicho decreto. La ANDIS no podrá realizar nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva. La decisión judicial se adoptó en el marco de una acción de amparo colectivo. Esta fue iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto con personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM).
A esta causa se sumó la presentación efectuada ante la Justicia Federal de La Plata. La misma fue interpuesta por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Estas organizaciones contaron con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
El caso contó con la intervención de diversas entidades. Participaron la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA); la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratificó su compromiso con el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad. La subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Bernarda Meglia, celebró la determinación judicial y destacó el valor de la acción articulada al declarar: “la lucha colectiva sirve”.
La funcionaria subrayó que, durante todo este proceso, la Provincia acompañó a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones que trabajan en la materia. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, brindó apoyo, asesoramiento y acompañamiento frente a las suspensiones dispuestas por el Gobierno Nacional.
El Informe N.º 144 presentado por la ANDIS ante la Cámara de Diputados de la Nación reveló que hasta agosto de 2025 fueron citadas 997.654 personas para auditorías, de las cuales 451.579 asistieron a los turnos asignados. En tanto, 111.463 pensiones fueron suspendidas por “no asistencia” o “no poder ser notificadas”, conforme los incisos f y g del artículo 9 del Anexo I del Decreto 432/97. Aún se encuentran 418.374 auditorías en proceso.
La resolución judicial, de alcance nacional, marca un freno al ajuste aplicado sobre un sector vulnerable y obliga al Estado nacional a restituir derechos que habían sido vulnerados. Desde la administración bonaerense destacaron que la medida constituye un reconocimiento a la organización colectiva y al trabajo conjunto de las instituciones que defienden a las personas con discapacidad en todo el país.
