Por Redacción
El juez federal Adrián González Charvay ordenó al Gobierno de Javier Milei implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero. La resolución surge de un proceso colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad, que reclamaron la ejecución de la normativa sancionada por el Congreso nacional.
El magistrado otorgó un plazo de dos semanas al Ejecutivo para garantizar la aplicación de la ley y exigió al Ministerio de Salud, Mario Lugones, que en el plazo de cinco días presente un informe donde brinde detalles sobre los avances concretos en los trámites administrativos necesarios para su implementación.
La ley fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso, pero el Milei la vetó semanas después. En ese momento solo expresó: “no hay plata”. En otra instancia, el parlamento rechazó el veto y obligó al Ejecutivo a promulgar la norma. Pese a ello, la administración suspendió de inmediato su aplicación. Desde Casa Rosada afirmaron que la normativa no especificaba de dónde se obtendrían los fondos, por lo que decidieron frenar su ejecución.
El juez Charvay consideró que la acción del Gobierno constituye una invasión a las facultades del Congreso y viola el principio de supremacía constitucional. “El argumento de evitar un déficit fiscal es falso, porque la ley faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos”, afirmó.
Con esta resolución, el Poder Judicial fuerza al Ejecutivo a cumplir con una ley que protege a miles de personas con discapacidad, poniendo en evidencia la resistencia del gobierno a implementar políticas sociales que requieren inversión.
