Por Redacción
La jueza subrogante Andrea Urretavizcaya, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23, emitió el pasado de octubre una resolución que obliga a la empresa estatal Corredores Viales S.A. a cumplir la medida cautelar dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y reincorporar a 68 trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines.
El fallo exige a la empresa a restituir las condiciones laborales y de seguridad de los empleados, bajo apercibimiento de sanciones económicas en caso de incumplimiento. Un Oficial de Justicia debe constatar personalmente la ejecución de la orden.
El conflicto comenzó el 11 de abril, cuando Corredores Viales despidió a 117 trabajadores en el marco de una medida de fuerza que reclamaba la reapertura de paritarias y la regularización de condiciones de empleo. El SUTPA denunció que los despidos constituyeron una represalia por ejercer el derecho de huelga, protegido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En julio, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ordenado la reincorporación inmediata de los cesanteados, pero la empresa estatal apeló la decisión y retrasó su cumplimiento. La resolución de Urretavizcaya puso fin a esas dilaciones y confirmó que la posición del sindicato era legítima desde el inicio.
El secretario general electo del SUTPA, Facundo Moyano, expresó: “No queríamos tener la razón, porque teníamos la verdad”. Por otro lado, la organización sindical aseguró que el fallo “ratifica lo que sostuvimos desde el primer día: que el conflicto no era más que una injusticia contra quienes ejercieron un derecho legítimo”. Asimismo, aseguró que se trata de “un triunfo del trabajo colectivo, de la verdad y la dignidad de los trabajadores” y reafirmó su compromiso con la organización, la unidad y la solidaridad sindical.
