Por Redacción
Durante la última semana la Federación de Cartoneros y Recicladores montó un acampe en Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar mejores condiciones laborales y la aplicación de acuerdos vinculados a la recolección diferenciada. La medida incluyó una huelga de hambre encabezada por el presidente de la organización, Sergio Sánchez. La medida se levantó el último viernes con el objetivo de establecer un canal de diálogo con las autoridades del Ejecutivo porteño.
Los manifestantes denunciaron que el Gobierno de la ciudad no garantiza la asistencia alimentaria y económica comprometida con las cooperativas que realizan el reciclado urbano. Aseguran que la falta de recursos pone en riesgo la subsistencia de cientos de familias que dependen de esta actividad. A través de un comunicado, la organización popular remarcó: “Estamos defendiendo nuestro trabajo y la dignidad de miles de compañeros”.
La Federación aseguró que la protesta buscó visibilizar la crítica situación que atraviesan los cartoneros y cartoneras, cuyos ingresos se han reducido notablemente en los últimos meses. El acampe se desarrolló frente a la sede del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
En este contexto, la Federación de Cartoneros y Recicladores aseguró: «Después de cinco días levantamos el acampe y huelga de hambre. Que quede claro: lo vamos a volver a hacer las veces que haga falta. De acá venimos y vamos a morir luchando hasta que la dignidad sea la norma».
Por su parte, la conducción de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, describió a las jornadas de protesta como «históricas» y aseguró que «así respondimos los trabajadores y las trabajadoras cartoneras al recorte del Gobierno de la Ciudad. Una jornada de lucha histórica. Así respondimos los trabajadores y las trabajadoras cartoneras al recorte del Gobierno de la Ciudad».
Asimismo, puntualizó que «miles de compañeros y compañeras marchamos ayer para respaldar la huelga de hambre de Sergio Sánchez y para dejarle un mensaje claro a Jorge Macri: con el trabajo de 3500 familias no se juega. Exigimos una respuesta inmediata».
La medida vuelve a poner en discusión la inclusión social de los trabajadores de la economía popular y el rol del Estado en garantizar condiciones dignas para quienes realizan tareas esenciales en la gestión de residuos y el cuidado ambiental en la Ciudad de Buenos Aires.
Fotografía de tapa: Prensa UTEP.
