Por Redacción
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, que conduce Graciela Aleñá, presentó una ampliación de denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 6 en el marco de la causa CFP 1826/2025, por presuntos ilícitos cometidos en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La denuncia se basó en información obtenida por el sindicato y fuentes internas del organismo, y apunta a hechos que califican de extrema gravedad institucional. Entre las irregularidades se exponen en la presentación judicial se destaca el vaciamiento de funciones del personal técnico, que fue desplazado de tareas estratégicas relacionadas con la elaboración, supervisión, seguimiento y certificación de obras públicas.
Asimismo, se expuso la entrega de áreas técnicas a empresas contratistas bajo la modalidad de “asistencia técnica”, lo que, según fuentes sindicales, constituye una privatización encubierta de funciones estatales esenciales. Del mismo modo, la organización sindical señaló los incumplimientos legales y constitucionales que afectan la transparencia y el control de la obra pública.
En este marco, Aleñá aseguró que «el Estado Nacional no puede argumentar una imposibilidad financiera, porque sí tiene fondos, pero decide no transferirlos a Vialidad, violando la ley y poniendo en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía».
En los últimos día se supo que la Dirección Nacional de Vialidad destinó más de tres mil millones de pesos (equivalentes a 2,4 millones de dólares) para contratar a la empresa Elipgo S.A. con el propósito de implementar un sistema de vigilancia sobre el personal de su sede central, una acción que el sindicato calificó como “arbitraria, innecesaria y de ningún modo prioritaria”.
Aleñá agregó: «Mientras las rutas están en estado calamitoso, y los trabajadores carecen de los insumos básicos de seguridad, la DNV gasta miles de millones para controlar a su propio personal. Esto no es un error: es una decisión dolosa de desmantelar el rol del Estado en la obra pública y favorecer negocios privados».
La situación crítica en el sector se profundizó tras un accidente reciente en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 145, donde bomberos de Ceibas debieron intervenir, hecho que el sindicato atribuye al mal estado del camino. La conducción sindical pidió a la Justicia que avance con la investigación, convoque a ratificar la denuncia y adopte las medidas necesarias para frenar los daños y el riesgo a la población, amparándose en el artículo 23 del Código Penal.
Aleñá concluyó: «Estamos ante una afectación grave e inminente a la vida y la salud tanto de quienes transitan las rutas como de quienes trabajamos en ellas. No vamos a permitir que se vacíe Vialidad Nacional ni que se desconozca el rol estratégico que cumple este organismo federal en todo el país». Por último, el Sindicato convocó a medios de comunicación, organismos de control y a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a esta situación y reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la soberanía vial.
