Por Redacción
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dado a conocer este viernes, advirtió que a partir de los altos índices de inflación registrados desde el mes de marzo de este año el número de personas pobres en los países desarrollados puede ascender a 71 millones. El análisis de datos sociales en 159 países indicó que el incremento de precios en los productos básicos tiene efectos inmediatos como “devastadores en los hogares más pobres”.
La estimaciones del PNUD dieron cuenta que las regiones más afectados por estos condicionamientos económicos son los Balcanes, así como las localidades del Mar Caspio y África Subsahariana, especialmente Sahel, que resulta ser la más perjudicada. De este modo, los países en desarrollo deben lidiar con reservas fiscales agotadas y un alto nivel de deuda soberana. También se ven afectados por el aumento de las tasas de interés de los mercados financieros mundiales.
Achim Steiner, administrador del PNUD, sostuvo que “este aumento de precios sin precedentes significa que, para muchas personas en todo el mundo, los alimentos que podían permitirse ayer, hoy ya no están al alcance”.
“Esta crisis del costo de vida está empujando a millones de personas a la pobreza e incluso al hambre a una velocidad vertiginosa, con lo que la amenaza de más disturbios sociales crece cada día más”, añadió el funcionario.
Por otro lado, aseguró que “estamos siendo testigos de una creciente divergencia en la economía global que es alarmante, ya que países en desarrollo se enfrentan a la amenaza de quedarse atrás mientras luchan para hacer frente a la actual pandemia de COVID-19, socavando los niveles de deuda y acelerando la crisis alimentaria y energética”.
Steiner explicó que los “esfuerzos internacionales renovados pueden romper este círculo vicioso económico, salvando vidas y medios de subsistencia, incluyendo medidas decisivas de alivio de la deuda; manteniendo abiertas las cadenas de suministro internacionales; y impulsando una acción coordinada para garantizar que algunas de las comunidades más marginadas del mundo puedan acceder a alimentos y energía asequibles”.
No obstante, los países han tratado de atenuar los efectos de la crisis actual a partir de una reacción proteccionista en términos de restricciones comerciales, devoluciones de impuestos, subsidios a la energía, créditos para la producción y asistencia social. Asimismo, el informe apreció que las transferencia en efectivo, por ejemplo, resultan más equitativas y rentables que los subsidios.
Al respecto, George Gray Molina, Jefe de Participación de Políticas Estratégicas del PNUD y autoor del informe, remarcó: “Si bien los subsidios a la energía pueden ayudar a corto plazo, a largo plazo impulsan la desigualdad, exacerban aún más la crisis climática y no amortiguan el golpe inmediato del aumento del costo de vida, tanto como lo hacen las transferencias de efectivo específicas”.
En tal sentido aseguró que “ofrecen algo de alivio como una cura inmediata, pero corren el riesgo de causar peores lesiones con el tiempo”. Los subsidios energéticos, según el PNUD, benefician de “manera desproporcionada a las personas más ricas”. La mitad de los beneficios de un subsidio universal favorecen al 20 % más rico de la población. Por el contrario, las transferencias de efectivo van directamente al 40 % más pobre de la población.
Molina, destacó que “el dinero en efectivo en manos de las personas que sufren por los aumentos galopantes del precio de los alimentos y el combustible tendrá un impacto generalizado de manera positiva. Nuestro modelo muestra que incluso las transferencias de efectivo muy modestas pueden tener efectos drásticos y estabilizadores para los más pobres y vulnerables en esta crisis”.
Del mismo modo puntualizó que por “las respuestas a la COVID-19, sabemos que los países en desarrollo deben contar con el apoyo de la comunidad mundial para tener el espacio fiscal para financiar estos esquemas”.
El funcionario del PNUD precisó que “para liberar los fondos necesarios, se debe considerar una suspensión oficial de la deuda a dos años para ayudar a todos los países en desarrollo, independientemente del PIB per cápita, a recuperarse de estos golpes”.
“Todo ello haciéndose eco de los llamamientos recientes de las instituciones financieras internacionales para mejorar la liquidez de los países en desarrollo”, enfatizó Molina. Según datos del Banco Mundial la crisis del COVID-19, la deuda en los países en desarrollo se levó a un máximo de 50 años. Esto equivale a más de dos veces y media de sus ingresos.
Los países que se enfrentan a una situación aguda son: Armenia y Uzbekistán en Asia Central; Burkina Faso, Ghana, Kenya, Rwanda y el Sudán en el África Subsahariana; Haití en América Latina; y el Pakistán y Sri Lanka en el sur de Asia. En Etiopía, Malí, Nigeria, Sierra Leona, Tanzania y el Yemen, “los impactos podrían ser particularmente severos en las líneas de pobreza más bajas, mientras que en Albania, Kirguistán, Moldova, Mongolia y Tayikistán los impactos podrían ser todavía más severos”.
7/7/2022
