Por Redacción
El tipo de cambio oficial trepó a $1.380 para la venta tras un salto de $50 que volvió a desequilibra la falsa banda de flotación fijada por el gobierno tras levantar el cepo. La cotización mayorista alcanzó $1.365 y en las pizarras del Banco Nación marcó $1.380, con un aumento de $55 respecto a la rueda anterior. Solo en julio, la suba acumulada llegó a casi 13% y colocó al oficial por encima del blue. En algunas entidades bancarias, la moneda de dominación cotizó por encima de los 1.400 pesos.
La disparada impacta de lleno sobre los salarios, ya golpeados por la inflación y el recorte del consumo. Desde la city porteña señalaron tres factores detrás del salto: menor ingreso de dólares del agro, exceso de pesos en circulación y demanda de divisas como cobertura ante la incertidumbre política previa a las elecciones. Lo concreto es que el mentado «plan» del gobierno libertario hace agua por todos lados y agudiza la crisis.
A pesar del golpe directo sobre la canasta básica, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió restarle importancia y celebró que desde el verano el atraso cambiario se redujo cerca de 20% en lo que va de 2025. Con la crisis cambiaria sobre la mesa, volvió a desplegar la misma estrategia: multiplicar apariciones en medios para intentar enfriar el dólar con declaraciones vacías.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional respaldó la hoja de ruta oficial. El Directorio del FMI se reunió este jueves para decidir el desembolso de USD 2.000 millones tras aprobar la primera revisión del préstamo. Desde el organismo afirmaron: “El programa tuvo un inicio sólido a pesar de un contexto externo más desafiante”.
En paralelo a la suba del dólar, Milei planea golpear otro frente: vetará el aumento para jubilados aprobado por el Congreso, dejando sin alivio a uno de los sectores más castigados por la devaluación y la escalada de precios. El ajuste del gobierno libertario convierte cada avance del dólar en un recorte silencioso del poder de compra. La combinación de cepo levantado a medias, la intervención fallida y veto a los jubilados deja claro quién paga la cuenta: quienes viven de su salario y quienes se jubilaron tras décadas de trabajo.
