Por Redacción
Con el objetivo de reafirmar su supremacía en la dirección económica del país, el Fondo Monetario Internacional enviará la próxima semana una misión técnica a la Argentina. Los técnicos del organismo colonial llevarán adelante la revisión del del acuerdo por USD 20.000 millones firmado por el gobierno de Javier Milei. La visita se concentrará en el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de reservas correspondientes al cierre de 2025 y en la evaluación de un pedido de dispensa por parte de la gestión libertaria, al mismo tiempo que busca asumir el control político de la gestión a través de reformas estructurales.
La misión llegará al país para analizar el desempeño del programa en un contexto atravesado por el incumplimiento significativo de la meta de acumulación de divisas y por la crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tras la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la actualización de la metodología del Índice de Precios al Consumidor. No obstante, el FMI exige cierto orden político para asegurarse el cobre de la deuda.
Este orden implica que la mayoría de la población se haga cargo de la crisis a través de la transferencia de riqueza vertical que generan las políticas económicas de Milei y Luis Caputo. En este contexto, la narrativa oficial afirma que el Gobierno alcanzó la meta fiscal comprometida con el organismo, aunque admite el desvío en el objetivo de reservas. La revisión corresponde al programa actualmente vigente y forma parte de las instancias necesarias para habilitar un nuevo desembolso e incluye el control de las políticas de ajuste contra la población.
Sin embargo, la agenda de la delegación del Fondo incluye reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, autoridades del Banco Central de la República Argentina, representantes del sector empresario y dirigentes de la Confederación General del Trabajo, en un escenario político marcado por el intento del oficialismo de avanzar en el Senado con la reforma laboral.
El interés central del Ejecutivo pasa por destrabar un giro cercano a USD 1.000 millones, condicionado a la aprobación de la revisión en curso. Durante el año pasado, la Argentina recibió USD 14.000 millones de los USD 20.000 millones previstos en el nuevo programa acordado con el organismo.
La misión evaluará los compromisos asumidos para el cierre de 2025. De acuerdo con los datos del Banco Central medidos con la metodología pactada con el Fondo, las reservas netas finalizaron ese año en torno a USD 14.100 millones, frente a una meta revisada de USD 1.000 millones. El resultado implicó un desvío negativo superior a USD 13.000 millones. El incumplimiento se produjo aun después de la flexibilización del objetivo por parte del organismo, que redujo la exigencia en USD 6.500 millones al pasar de una meta inicial superior a USD 5.500 millones a un objetivo negativo.
Frente a ese cuadro, el Gobierno prevé solicitar un waiver, el mecanismo que permite al Fondo otorgar una dispensa ante el incumplimiento de las metas pactadas, con el fin de evitar la suspensión de los desembolsos y la aplicación de sanciones. Como parte del proceso de revisión, la Argentina presentó medidas consideradas por el organismo como acciones previas para corregir el desvío. En ese marco, el Banco Central comenzó desde enero la actualización mensual de las bandas dentro de las cuales se mueve el dólar oficial en función de la inflación y retomó las compras de divisas, con una meta de acumulación de al menos USD 10.000 millones para 2026.
Asimismo, la administración libertaria sostiene su alineamiento con el organismos de sujeción económica e impulsa la destrucción de la matriz productiva. El crecimiento del desempleo, la pobreza y la inflación, afectan la calidad de vida de la clase trabajadora mientras que el capital usurero se alza con las riquezas del país y de su gente.
