Por Redacción
Según el último relevamiento económico mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, la mora en los créditos destinados a las familias superó el 12% en mayo de 2026, un nivel que no registraba antecedentes cercanos desde la salida de la Convertibilidad. El estudio vinculó el deterioro del perfil crediticio con la caída del salario real, la reducción del ingreso disponible y el aumento del endeudamiento de los hogares para afrontar gastos cotidianos, producto de la aplicación de la política económica impulsada por la administración libertaria.
El relevamiento señaló que la tasa de irregularidad del crédito familiar pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,1% en mayo de 2026, lo que representa un crecimiento exponencial de los atrasos en los pagos. El organismo sostuvo que la situación afecta principalmente a los sectores medios y bajos, que recurren al financiamiento para cubrir consumos básicos y servicios ante la pérdida de poder adquisitivo.
El informe del CESO indicó que el deterioro también alcanzó al sistema de billeteras virtuales y plataformas financieras digitales. En ese segmento, la mora considerada «irrecuperable» llegó al 10,8% del total de préstamos otorgados en marzo de 2026, frente al 2,6% registrado a comienzos de 2025. El estudio estimó que cerca de 7 millones de personas quedaron fuera de los parámetros habituales para acceder a nuevos créditos debido a sus niveles de atraso, lo que limita las posibilidades de refinanciación mediante los canales tradicionales.
De acuerdo al informe, una tasa nominal mensual del 5,67% implica un incremento real de la deuda del 3,57% mensual, equivalente a un aumento cercano al 50% en términos reales en un año. En el caso de los proveedores no financieros de crédito, el impacto alcanzaría un incremento real del 180% sobre el monto adeudado. Asimismo, el Centro explicó que el ajuste fiscal aplicado por el Gobierno nacional modificó el equilibrio entre las cuentas públicas y privadas, del mismo modo, evidenció que la reducción del gasto estatal impactó sobre los ingresos del sector privado y obligó a familias y empresas a asumir mayores niveles de deuda.
Para el CESO «el ajuste del Estado no opera en el vacío. Cada peso que el sector público deja de inyectar en la economía mediante el recorte abrupto de sus gastos representa un ingreso que desaparece de forma automática para el sector privado. En este esquema, el equilibrio de las cuentas públicas se está sosteniendo forzando un desequilibrio en los presupuestos de los hogares». En esa línea agregó: «Ante el deterioro de los ingresos (especialmente de empleados públicos, jubilados y trabajadores de la construcción e industria manufactureras), las familias de ingresos medios y bajos se ven obligadas a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas de consumo».
El informe confirmó que «la contracción del gasto público empuja al sector privado a sobre endeudarse para subsistir. El Estado mejora su hoja de balance a expensas de deteriorar el patrimonio familiar». Por otro lado, aseguró que «este traslado del déficit hacia las familias choca de frente con un escenario de tasas activas reales fuertemente positivas. Cuando el costo financiero de refinanciar la subsistencia (+3,57% real mensual) supera con creces el crecimiento de los salarios, el colapso de la cadena de pagos, tarde o temprano, se vuelve inevitable».
Por último, afirmó que «el récord histórico de morosidad bancaria (12,1%) y el estallido de la irregularidad en las tarjetas de crédito y plataformas Fintech no son un mero daño colateral transitorio. Son la consecuencia directa y matemática de un modelo macroeconómico que busca «sanear» al Tesoro y al Banco Central a costa de asfixiar financieramente a los hogares. Si se sostiene el ajuste fiscal y la liberalización de las tasas de interés en máximos reales, es difícil pensar que la expansión del consumo pueda sostenerse de cara al próximo año electoral».
