Por Redacción
Los abogados defensores de Alesia Abaigar, acusada de haber participado de un actividad política en repudio a la violencia que ejerce el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintas organizaciones políticas, exigieron su liberación y denunciaron un operativo de persecución que calificaron como político, judicial y mediático.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo: “El encarcelamiento de Alesia Abaigar no es un hecho aislado. Es parte de un esquema de persecución política impulsado por el gobierno de La Libertad Avanza. Ese despliegue tiene vías distintas: el uso arbitrario y desproporcionado del sistema penal, el hostigamiento en redes sociales, el uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas y desprestigiar voces críticas, el ciberpatrullaje ideológico a ‘amenazas’. El punto en común es el uso de los recursos del Estado para amedrentar, disciplinar, silenciar y generar de esa forma una discusión pública cada vez más desigual”.
El CELS remarcó que el mensaje oficial es de castigo para quienes disienten: “También es un hecho de criminalización selectiva, por eso el mensaje es político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa”.
Abaigar permanece detenida tras ser acusada de participar en un escrache frente al Congreso. Según la denuncia, su conducta —en caso de haber ocurrido— constituiría una contravención menor. Pese a eso, fue trasladada a una cárcel federal tras pasar dos días incomunicada. Para el CELS, “una contravención menor pasó a ser desestabilización o violencia política. La consecuencia de eso es que hace días que está detenida, pasó 48 horas incomunicada y fue trasladada a una cárcel federal, como si se tratara de una detenida de máxima peligrosidad. Esa respuesta desproporcionada vulnera garantías básicas”.
Las organizaciones alertaron que el gobierno libertario usa el aparato estatal para instalar miedo y restringir la participación. Apuntaron al Ministerio de Seguridad por la aplicación de mecanismos de vigilancia en redes sociales bajo el argumento de prevenir “amenazas”. Señalaron que esas prácticas afectan la libertad de expresión y erosionan la vida democrática.
Por otro lado, referentes del Peronismo por la Ciudad, expresaron su enérgico repudió y afirmaron que las detenciones son arbitrarias. Al mismo tiempo, exigieron la renuncia de la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, “responsable política de esta avanzada autoritaria”. Asimismo, añadieron que “este accionar viola garantías constitucionales básicas, como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia, llegando incluso hasta el Principio de Legalidad, ya que las compañeras son perseguidas y detenidas acusadas de conductas que, aún si fueran responsables, no constituyen delitos”.
“El Ministerio de Seguridad está implementando el ciberpatrullaje bajo definiciones tan ambiguas de ‘amenaza’, que afecta la libertad de expresión en redes y nuestra privacidad digital. Las amenazas que realmente circulan —de funcionarios de gobierno y milicias digitales libertarias— se instalan, en cambio, como una cultura política que empieza a normalizarse y que, a medida que avanza, desgasta la vida democrática”, indicó el CELS.
El organismo sostuvo que existe una colaboración intermitente con sectores oficialistas para ampliar delitos, reinterpretar leyes y restringir el derecho a protestar. En tal sentido remarcó que “el poder judicial episódicamente colabora con sectores políticos oficialistas para estirar tipos penales y reinterpretar de manera cada vez más restrictiva el derecho a la protesta. Ocurrió con el encarcelamiento de Milagro Sala, las detenciones del 8 de marzo de 2017, del 12 de junio de 2024, entre muchas otras. Bajo esta lógica, manifestarse, criticar, ironizar o recurrir al humor político puede ser considerado delito”.
La entidad de derechos humanos advirtió sobre el riesgo de naturalizar estas prácticas. Aseguró que “hay un rol central de jueces y fiscales en evitar que el derecho penal se transforme en la herramienta de una política autoritaria. Y al sistema político, social, sindical, cuidar las instituciones pasa hoy, además, por no dejarse intimidar, denunciar y visibilizar este tipo de arbitrariedades, independientemente del espacio al que se pertenezca”.
