Por Redacción
El fiscal Carlos Stornelli denunció en las últimas horas al gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, por «incitación a la violencia»,«eventual instigación a cometer delitos» y «posible afectación del orden constitucional», en relación a las declaraciones que el mandatario riojano vertiera en una entrevista. En ese marco, el Jefe del Estado provincial, aseguró que Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”. El accionar del funcionario judicial, presto a defender los intereses coloniales, fue repudiado por el bloque de legisladores de Unión por la Patria.
En este marco, las y los diputados nacionales del bloque peronista y progresista, advirtieron que la afrenta de Stornelli se inscribe en «un nuevo episodio de persecución política dirigido contra dirigentes que expresan posiciones críticas frente al gobierno nacional». Del mismo modo, expresaron que «estamos ante la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político contra un gobernador elegido democráticamente por su pueblo y que ha manifestado con claridad su oposición a las políticas del presidente Javier Mile».
Las y los diputados de Unión por la Patria, manifestaron que «la judicialización de opiniones políticas constituye un mecanismo de presión incompatible con el sistema democrático y forma parte de una estrategia más amplia de hostigamiento institucional hacia provincias y gobernadores que no se subordinan al poder central».
Alegaron que «cuando un gobierno intenta silenciar voces críticas mediante denuncias penales, se debilita la democracia y se erosiona el federalismo. Más aún cuando esa iniciativa proviene de actores judiciales cuya actuación ha sido reiteradamente cuestionada por su cercanía con intereses políticos coyunturales».
Asimismo, señalaron que «resulta llamativo que se pretenda instalar la idea de supuestas rupturas institucionales a partir de declaraciones periodísticas, mientras el propio gobierno nacional ha llevado adelante acciones que sí implican graves afectaciones al federalismo, al orden institucional y a la autonomía de las provincias, tales como: la retención y supresión de fondos que corresponden a las provincias por ley o por acuerdos vigentes».
Para las y los diputados, «el intento de gobernar por decreto y concentrar facultades extraordinarias en detrimento del Congreso y del sistema republicano; todas decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo nacional que han implicado concentración de poder, avasallamiento de competencias provinciales, condicionamiento económico a las provincias y deslegitimación sistemática de quienes piensan distinto».
Por último, expresaron su solidaridad con «el gobernador Ricardo Quintela y reafirmamos que en la Argentina democrática no puede perseguirse judicialmente a un mandatario provincial por su posición política frente al gobierno nacional».
