Por Redacción
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa expuso en la Cámara de Diputados un diagnóstico crítico sobre la situación de las pymes y reclamó medidas urgentes ante la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el deterioro de la rentabilidad que empujó al cierre de empresas. La entidad presentó propuestas fiscales y de financiamiento durante una reunión con el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, con participación de dirigentes de todo el país.
En ese contexto, Ricardo Diab, titular de CAME, explicó que «el 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo. La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo».
Entre los principales planteos, la organización reclamó un nuevo consenso fiscal que ordene los impuestos provinciales, en particular Ingresos Brutos, y las tasas municipales, junto con una reducción de la presión tributaria sobre el sector. El objetivo apuntó a frenar el avance de la informalidad como salida frente a la carga impositiva que se superpone en distintos niveles del Estado.
Del mismo modo, el señalamiento de CAME incluyó propuestas para fortalecer la formalización laboral a través de la capacitación. La entidad solicitó el acompañamiento del Congreso a los programas de su Escuela de Negocios, orientados a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes. En el plano comercial, la organización impulsó el tratamiento del proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, con un régimen especial para empresas ubicadas en zonas limítrofes que reduzca las asimetrías cambiarias y enfrente el comercio ilegal y el contrabando.
Otro eje estuvo vinculado al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. CAME pidió reducir los montos mínimos exigidos para acceder a los beneficios, hoy fijados en 150.000 dólares para microempresas y 600.000 dólares para pequeñas empresas, y ampliar el plazo de ejecución de inversiones a cinco años desde la entrada en vigencia del régimen.
Por último, la representación empresaria demandó «mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país».
