Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela debe convertirse en un “gigante productor” de petróleo

Por Redacción

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes en Caracas que el país debe dejar de limitarse a su condición de mayor reservorio mundial de crudo y avanzar hacia un modelo de producción sostenida que permita transformar ese potencial energético en desarrollo económico y bienestar social. La definición fue realizada durante una consulta pública sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, convocada por el Ejecutivo nacional.

Rodríguez planteó que la producción constituye el eje estratégico para garantizar el futuro del país y sostuvo que la reforma legal apunta a captar flujos estables de inversión nacional e internacional bajo principios de soberanía, control estatal de los recursos y esquemas de gestión acordes a la realidad venezolana. En ese marco, sostuvo: “Venezuela no puede conformarse con ser el mayor reservorio de crudo del planeta si esa riqueza no se traduce en crecimiento productivo, empleo y estabilidad económica”.

La Presidenta encargada destacó el rol de los Contratos de Participación Productiva, incorporados a partir de la Ley Antibloqueo, como un mecanismo que permitió reactivar campos petroleros, elevar los niveles de extracción y generar divisas sin comprometer financieramente al Estado. Según precisó, este esquema se aplicó en un contexto de sanciones y bloqueo naval, sin resignar la propiedad estatal del recurso.

Durante su exposición, Rodríguez señaló que Venezuela dispone de numerosos campos aún sin explotar, en un escenario internacional marcado por el declive de la mayoría de los yacimientos tradicionales, lo que otorga al país una ventaja estratégica para atraer inversiones de largo plazo. En ese sentido, recordó que la producción nacional alcanzó en 2025 un promedio de 1,2 millones de barriles diarios, incluso bajo restricciones externas.

La funcionaria indicó que algunos contratos firmados en 2024 con capital extranjero lograron multiplicar su volumen operativo en menos de dos años y subrayó que la reforma en debate no responde a agendas ocultas, sino a la consolidación de modelos que ya se encuentran en ejecución y exhiben resultados medibles en materia de producción e inversión. Al respecto, afirmó: “Convertir a Venezuela en un gigante productor no es una consigna, es una necesidad histórica”.

Desde el sector empresarial, el titular de PetroPymi, Reinaldo Quintero, consideró indispensable la nueva estructura legal para atraer los capitales necesarios que permitan escalar la producción a niveles superiores. El dirigente explicó que la reforma aborda aspectos centrales como el régimen de regalías, los mecanismos de arbitraje, la armonización tributaria y el contenido local, variables que inciden de forma directa en la sostenibilidad del aparato productivo petrolero.

Quintero sostuvo que el petróleo continúa como un factor determinante del hecho social venezolano y remarcó que su gestión requiere unidad nacional y una estrategia de largo alcance. En la misma línea, el director de la empresa Nabep y representante de proyectos bajo la modalidad de Contratos de Participación Productiva, Pedro Arturo Balart, definió el esquema como un giro modernizador que convierte a la empresa privada en aliada estratégica del Estado.

Balart explicó que estos contratos facilitan la incorporación de tecnología, capital e infraestructura, al tiempo que preservan la propiedad estatal del crudo y brindan resguardo a la inversión privada. Según detalló, bajo esta modalidad se recuperaron más de 1.600 pozos y se incorporaron decenas de millones de barriles a la producción nacional, con inversiones que superaron los 1.000 millones de dólares.

Los representantes empresariales coincidieron en que una reducción de las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre la actividad petrolera venezolana fortalecería las cadenas financieras y de suministro, lo que permitiría consolidar el crecimiento de los proyectos en marcha. En ese contexto, Rodríguez reafirmó que la reforma legal busca articular al sector privado con las empresas del Estado dentro de una política común orientada a expandir la producción y sostener la estabilidad económica.

 

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