Por Redacción
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió allanar a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por difundir audios de Karina Milei, hermana del libertario y Secretaria General de la Presidencia. La decisión se produjo a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo teme un golpe político irreversible. Al mismo tiempo, en una gesto desesperado busca ocultar el fondo del entramado de corrupción que compromete a funcionarios liberales.
La administración de Javier Milei radicó dos denuncias penales contra los comunicadores con el argumento de que existió una “operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas” de la armadora de La Libertad Avanza. Desde Casa Rosada ordenaron detener la circulación de nuevo material y agitaron la amenaza de persecución judicial contra quienes continúen informando.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. En la presentación judicial, el gobierno calificó los hechos como una “maniobra golpista”.
Las denuncias recayeron en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini. Según trascendió, la ofensiva libertaria se aceleró luego de enterarse de que habría audios de más de un Ministro que saldrían a la luz en la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre. En el escrito oficial se sostuvo: “La maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.Bullrich acusó a los periodistas de querer “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones”.
El oficialismo justificó su avance en la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe el espionaje político y las tareas clandestinas para manipular la opinión pública. Con ese pretexto, reclamó medidas cautelares urgentes para impedir nuevas filtraciones. En tal sentido, la Casa Rosada expresó que «no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia».
Con esta decisión el gobierno reaccionario de Milei intenta desviar la atención de la opinión pública tras el impacto negativo que tuvieron los audios conocidos, que involucran a su hermana y al clan Menem en casos de corrupción, en la imagen del mandatario libertario. Patricia Bullrich volvió a demostrar su escaso interés por el funcionamiento de la institucionalidad democrática, al mismo tiempo que evidenció pasividad para impulsar investigaciones que permitan alcanzar la verdad en el caso de Karina Milei.
En este contexto, el cuestionado juez Alejandro Patricio Maraniello firmó con insólita celeridad una cautelar que ordena: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. El fallo instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a vigilar el cumplimiento de su demanda en todo el país.
La medida fue celebrada por el oficialismo y replicada en redes por el vocero Manuel Adorni, quien sostuvo que el fallo busca frenar “operaciones ilegales”. El trasfondo, sin embargo, muestra una embestida del gobierno contra la prensa en un intento de tapar el escándalo de corrupción en la ANDIS y silenciar audios comprometedores de su propia interna.
