Por Redacción
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini, ratificó su alineamiento con el gobierno libertario y expresó su apoyo a la reforma laboral. El representante de la oligarquía empresarial volvió a utilizar argumentos trillados para justificar el ataque oficial contra los derechos laborales, en tal sentido, aseguró que los cambios en materia laboral y tributaria son imprescindibles para “mejorar la competitividad” y recuperar el empleo formal.
En diálogo con la prensa, Rappalini sostuvo que las reformas impulsadas por Milei son «muy importantes» y agregó que «se inicia un camino que tenemos que bajar la presión impositiva del 52% a valores en torno al 30%. En lo laboral, es importante apuntar fuerte a la competitividad interna de las empresas». El dirigente empresarial omitió discutir sobe el sistema productivo y el plan económico del gobierno que destruye a la industria nacional.
El empresario consideró que el país necesita políticas que impulsen la producción en ramas clave como la textil, la metalmecánica y la construcción. Destacó que «la transición de un sistema inflacionario a un modelo de integración al mundo requiere trabajar en todas las distorsiones internas. En Argentina no sólo es más caro producir, sino también distribuir y vender. Hay que buscar con el Gobierno la forma de que la mayor cantidad de empresas se puedan adaptar a este escenario».
El pregón liberal vuelve a hacer foco sobre los trabajadores y sus organizaciones sindicales y al mismo tiempo incentiva el desequilibrio entre capital y trabajo. De este modo, el empresariado reaccionario pretende que los trabajadores realicen tareas en condiciones precarias bajo el dogma del «costo laboral». Rappalini insistió con la argumentación de que «la normativa actual ha quedado antigua, como el caso de los convenios colectivos. Hay muchos sectores que no han actualizado su manera de trabajar y es necesario un cambio profundo para generar empleo».
Mientras se aguarda la presentación del proyecto de ley, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que la iniciativa oficial incorporará modificaciones a la negociación colectiva, la fragmentación del período de vacaciones y la creación de un banco de horas. En paralelo, el Ejecutivo planea una reforma impositiva y cambios en los Códigos Civil y Penal.
Cabe señalar que la Confederación General del Trabajo prepara un plan de lucha para combatir la iniciativa oficial. Dirigentes de la central obrera denunciaron que las modificaciones que evalúa el Ejecutivo buscan extender la jornada laboral y debilitar derechos adquiridos.
Entre los lineamientos filtrados del borrador del gobierno figuran: el cambio en el cálculo de las indemnizaciones, el fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de modificar condiciones laborales por decisión del empleador, y la inclusión de beneficios no remunerativos —como viandas, guarderías o reintegros médicos— dentro del salario con un límite del 10%. También se prevé reducir al 80% el pago por enfermedad o accidente y establecer un tope de diez sueldos en las indemnizaciones, excluyendo el aguinaldo del cálculo.
De aprobarse, la reforma representaría un giro drástico en las relaciones laborales. La experiencia histórica ha demostrado que este tipo de reformas no mejora las condiciones de empleabilidad ni generan más puestos de trabajo. Por el contrario, perjudican de manera sistémica a los trabajadores que se ven debilitados ante la destrucción de derechos adquiridos. El dogma materialista vuelve a atacar las condiciones de vida de los más humildes en nombre de un falso progreso, al mismo tiempo, el gobierno apuesta a la timba financiera como modelo de la dependencia y el atraso.
