Por Redacción
La Corriente Clasista y Combativa denunció este martes persecución judicial tras el allanamiento que padecieran cinco viviendas de militantes y un comedor popular del barrio de Saavedra en la Ciudad de Buenos Aires. Los mismo fueron ordenados por el juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, en el marco de una causa judicial iniciada por el gobierno de Mauricio Macri en 2019.
“Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras”, explicaron voceros de la organización popular.
Del mismo modo, desde la CCC, señalaron que “el uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue “cajoneado” por la justicia macrista”.
En ese marco añadieron que “este ataque se da en momentos que las organizaciones sociales hemos sido puestos en el blanco por los sectores reaccionarios de la derecha macrista, que a través de los sectores de la justicia y los medios de información buscan dividir la lucha popular y aislar a los movimientos sociales para crear las condiciones para volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional”.
Asimismo, la Corriente Clasista y Combativa dejó en claro que “con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social, que estuvimos en la primera línea en la lucha contra la pandemia garantizando miles de comedores populares en todo el país, que peleamos por Tierra Techo y Trabajo para todos los que habitan nuestro suelo, seguiremos peleando la unidad de los movimientos sociales y de todo el campo popular”.
5/7/2022
