Omar Perotti, gobernandor de Santa Fe, decidió la intervención del Puerto de Reconquista por el plazo de 180 días, tras recibir el informe provincial por parte de la representación del Ente Portuario donde se detectaron irregularidades en torno a la operadora de la terminal, perteneciente al Grupo Vicentin.
A través del decreto 574/20, el Ejecutivo provincial dispuso la intervención portuaria y nombró al frente de la misma al actual representante de Santa Fe en el Ente Portuario de Reconquista, Martín Deltin. Según la agencia de noticias TÉLAM el informé puntualizó que “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.
Del mismo modo se reveló que “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno, los que es un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual”.
Esto “conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.
En el decreto se explicó que “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley”.
Asimismo se señaló: “La ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya. El resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías de lanchas”.
“Según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”, estableció el gobierno de Santa Fe en el decreto.
Del mismo modo se especificó que “no existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año”.
De esta manera el Ejecutivo santafesino encomendó a la Sindicatura General de la Provincia llevar adelante “una auditoría integral del Ente” y la facultó para “ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.
Fuente: Télam
2/7/2020
