Por Redacción
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular denunció el último viernes la emergencia sanitaria que se vive en las cárceles del país, tras los acontecimientos que se vivieron durante la semana en diversos centros centros penitenciarios.
“Desde la UTEP vemos con preocupación la situación que se vive en los penales de todo el país y creemos conveniente establecer un protocolo para enfrentar el COVID-19, ya que en la condición actual las consecuencias serían trágicas”, precisaron los trabajadores de la economía popular.
En ese orden la UTEP advirtió que “el virus ya ha ingresado en las cárceles y hay casos positivos confirmados, a lo que se suma la represión sufrida frente a los reclamos por mejores condiciones que dejó heridos graves en varias unidades penitenciarias y dos fallecidos: uno en Corrientes y otro en Florencio Varela”.
Desde la organización sindical manifestaron que la “superpoblación y el hacinamiento en las cárceles no es algo nuevo pero entendemos que en este contexto hay que tomar medidas urgentes para paliar esta situación y evitar que escale la pandemia en el sector. Hacemos responsables de la integridad física de los detenidos y las detenidas, incluyendo madres y niños, a los funcionarios y agentes del Poder Judicial, del Servicio Penitenciario y del ejecutivo nacional y provincial”.
En tal sentido se agregó que “detrás de las imágenes mediáticas que circulan, en las que pretenden mostrar un salvajismo atroz e infundir miedo a través de la idea de motines violentos, hay en realidad un reclamo justo, hay vidas humanas, hijos e hijas, padres, madres, hermanos/as, y familias enteras angustiadas y preocupadas por sus seres queridos”.
Con este marco de fondo la UTE exigió:
1- Resolución judicial inmediata y urgente para descomprimir las cárceles.
2- Aumento urgente de las partidas de alimento, elementos de higiene, limpieza y desinfección para todas las cárceles.
3- Protocolos sanitarios de cumplimiento efectivo para el personal del Servicio Penitenciario y las personas detenidas.
4- Aumento de personal e insumos de sanidad para controlar el avance de la epidemia en cada unidad penitenciaria.
5- Recursos tecnológicos que garanticen el sostenimiento del vínculo familiar entre las personas detenidas y sus familiares.
6- Garantizar la intervención presencial de los organismos de Derechos Humanos en las cárceles, con el debido resguardo sanitario y de confidencialidad.
25/04/2020
