*Por Mario Gambacorta Luego que se produjo la reforma laboral de 2017 en Brasil, los trabajadores y las organizaciones sindicales hablaron de una “deforma laboral”. Casi con un espíritu similar, la actual reforma laboral, que se presenta para Argentina, pretende llevar adelante la demolición del derecho del trabajo en términos individuales y colectivos.
Impulsa su desaparición y olvido y, para ello, busca desconfigurar la legislación social. De nuestra parte, queremos en estas líneas contribuir a recordar e internalizar que, los derechos laborales, en verdad, sirvieron para mejorar la vida de millones de hombres y mujeres; contribuyeron a la industrialización e, hicieron crecer la economía nacional con distribución de la riqueza. Postulamos entonces su reconstrucción, no su destrucción.
En primer término, y siempre es necesario hacer memoria; no olvidemos que, la raíz de las actuales crisis fueron los modelos -desindustrializadores- que se impusieron en Argentina en 1976, y en la década de 1990. A ello se agregó -por parte de los gobiernos liberales (e inclusive desde algunos progresismos)- implícitas desatenciones, y hasta ciertos menosprecios, hacia el mal denominado, trabajo tradicional.
Se fueron dando, por las crisis, pero también por miradas particulares; un cúmulo de heterogeneidades laborales que, padecieron, pero abonaron el debilitamiento y la desprotección de aquel trabajo tradicional. Así, fuimos llegando a elevados porcentajes de trabajo no registrado, deficientemente registrado y fraudulentamente registrado. No han sido “los derechos laborales” los que pusieron en crisis al derecho del trabajo y la seguridad social. Fue y sigue siendo, aunque no se lo debata lo suficiente, el hecho que la Argentina se viene desindustrializando cada vez más.
La crisis que padecemos es más, por la carencia de industria y derechos laborales, que por lo que se pretende continuar modificando, con otra “deforma laboral”. Vale recordar que, a un año y cuatro meses de su entrada en vigor, la denominada Ley Bases, no hace otra cosa que evidenciar que, estas “deformas” no logran revertir ni la destrucción de puestos de trabajo ni el cierre de empresas; en especial, con relación a las pymes.
Con la Ley Bases, la situación laboral no ha mejorado, ha empeorado: aumentó la desocupación, aumentó el trabajo no registrado, y aumentó la precarización laboral. Sin embargo, y a pesar de tales resultados, se continua en un sendero de recorte derechos, tanto a las y los trabajadores, como a sus organizaciones representativas. No es sino la continuidad del quiebre del modelo de relaciones laborales protectorio. No se busca otra cosa que eliminarlo o adaptarlo, en sintonía con el modelo de país que expresa Milei.
Para destruir no solo el Estado, sino desarticular cualquier forma de organización de la sociedad y, finalmente, de la Nación. Logre o no la totalidad de sus objetivos; si replicará el incremento de efectos perniciosos; en términos sociales, laborales y económicos. En síntesis, políticos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en realidad la “deforma laboral” de la que hablamos no es sino la adaptación, en términos laborales, a un modelo de país que, caracterizamos de primarización, extractivismo y financiarización.
En ese modelo, en términos tanto prácticos como geopolíticos, no tiene lugar la industria para la Argentina; menos entonces, la justicia social. Recordemos que, el derecho del trabajo es hijo de la industrialización, y las consecuentes luchas por una distribución democratizadora. Así, será la acción de las organizaciones sindicales por más de 150 años, desde el siglo XVIII hasta fines del siglo XIX; la que decantará en el surgimiento de lo que hoy conocemos como derecho del trabajo y de la seguridad social.
Estas organizaciones, más allá de las propias limitaciones y dificultades que se quieran señalar o atribuir, vienen siendo objeto de un sistemático debilitamiento, desde la crisis del petróleo de 1973, en el escenario de la globalización económica neoliberal (obviamente, también en Argentina). Especialmente, con el triunfo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el Reino Unido y Estados Unidos, en 1979 y 1980, respectivamente. Podríamos entrar en detalles sobre el contenido de esta “deforma”; sin embargo, más allá de las cuestiones técnicas puntuales, priorizamos enmarcarla desde un enfoque crítico tutelar de las relaciones del trabajo. En tal sentido, buscamos ponerla en contexto, y evidenciar los intereses en juego que, inexorablemente, reflejan ganadores y perdedores.
Los primeros son más difusos, aunque convengamos, menos numerosos. Los segundos, son las y los trabajadores. Se actúa desconociendo -con procederes flexibilizadores desprotectorios como el de esta reforma-, el rol que, históricamente, ha cumplido y puede seguir cumpliendo el derecho del trabajo para: encauzar la siempre subyacente conflictividad social, lograr la paz social, y alcanzar la justicia social. En tal sentido, no se olvide que el derecho del trabajo se desarrolla dentro del sistema capitalista.
No fue concebido para abolirlo sino para garantizar la dignidad humana. Sin embargo, si la actual y transformada lógica del sistema capitalista busca demolerlo; la conflictividad, más tarde o más temprano, se evidenciará en los ambientes laborales o fuera de ellos. El derecho del trabajo ha sido estructurado en Argentina, para gestionar, administrar y encauzar el conflicto.
En dicha inteligencia, no adherimos a posturas, como las que hoy prevalecen (configurando una hegemonía deslaboralizadora), en cuanto entienden que, es el capital el único que genera riqueza y, con ello ordena, sin importar como. Más concretamente, lo hacen quienes lo detentan en forma concentrada. Tampoco compartimos los temperamentos que consideran que el trabajo es otro excluyente factor, paradójicamente, en términos de la misma raíz teórica del valor, aunque con posteriores y antagónicos desarrollos.
De nuestra parte, creemos en la necesidad de: compatibilizar trabajo y capital; reflexionar en términos de desarrollo humano integral, y encauzar las relaciones laborales en beneficio común. De lo contrario, cada vez más se evidenciarán dos escenarios posibles. Uno, el de la continuidad de un permanente modelo precarizador laboral y social; que explicitamos como de “republiqueta bananera”. Otro, el de potenciación de confrontaciones socio-económicas laborales que, amenacen con oscuras nubes el horizonte de convivencia nacional.
Creemos entonces que el debate debería pasar por la redefinición del modelo de desarrollo, en vista de alcanzar un proyecto de país; mejor aún, de Nación. Y ese modelo de desarrollo debe ser para una industrialización con justicia social; para concretar un proyecto de Nación que refleje una Comunidad de pasado presente y futuro; en la que podamos encontrarnos, convivir y crecer. Caso contrario, solo reinaría la incertidumbre; no solo en el mundo del trabajo sino también en torno al equilibrio que debería regir la coexistencia de un país civilizado. La Nación Argentina no debe ser transformada en un sistema feudal con siervos de la gleba.
No podemos seguir poniendo en crisis todos los significantes. Deben encadenarse para contribuir a una configuración institucional armónica, en la que ya no alcanza con incluir; sino que es menester integrar para el desarrollo humano.
*Abogado laboralista, miembro del Grupo Ofensiva Nacional Democrática
