Por Redacción
El Juzgado de Mercedes decretó la quiebra de La Suipachense, una empresa láctea con más de setenta años de historia en la provincia de Buenos Aires. La firma, radicada en la localidad de Suipacha, había sido durante décadas una de las principales fuentes de empleo de la región. Con la resolución judicial, 143 trabajadores quedaron sin empleo, lo que representa un duro golpe para la economía local.
La compañía arrastraba una profunda crisis. Desde principios de septiembre la planta había quedado paralizada por el retraso en el pago de salarios y el despido de nueve empleados. El deterioro financiero llevó a la intervención de la Justicia, que dictaminó la quiebra e inhabilitó al empresario venezolano Jorge Luis Borges León, propietario de Conosur S.A., para realizar cualquier movimiento con el capital y los bienes de la firma.
El cierre de La Suipachense generó preocupación en la comunidad de Suipacha, una localidad de doce mil habitantes que dependía en gran medida del funcionamiento de la planta. Muchas familias vivían de manera directa o indirecta de la empresa, fundada hace más de siete décadas y considerada un emblema productivo en la zona.
El caso se suma a otra quiebra reciente dentro del sector lácteo bonaerense. Días atrás, el Juzgado de Lincoln ordenó la liquidación definitiva de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), proveedora de los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. Esa decisión, dictada el 6 de noviembre, implicó el cierre de todas sus instalaciones y la pérdida de 400 puestos de trabajo.
Las políticas de Milei, dirigidas a proteger la rentabilidad del capital financiero y especulativo, incentiva la apertura de importaciones de manera indiscriminada en todos los rubros y descuida el mercado interno. De este modo, profundiza la crisis económica que se traduce en pérdida de poder adquisitivo, desmantelamiento del aparato productivo y pérdidas de puestos de trabajo.
