Por Redacción
En un contexto político de creciente hostilidad contra las organizaciones sindicales, tutelado por la impronta reaccionaria del Gobierno de Javier Mieli, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que dirigentes y afiliados del Sindicato de Camioneros enfrenten un juicio oral y público por el bloqueo realizado en la planta de Química Oeste en mayo de 2021.
El fallo dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora y marcó un giro en la causa, en un contexto de ofensiva judicial y política contra el sindicalismo impulsada por el gobierno libertario de Javier Milei. El conflicto comenzó el 10 de mayo de 2021, cuando un grupo identificado con el gremio se presentó en la planta ubicada en Esteban Echeverría.
Según la denuncia del empresario Carlos Dos Reis, los manifestantes colocaron banderas de Camioneros y afirmaron que “no se iba a mover nadie”, lo que impidió la salida de camiones y el ingreso del personal. La protesta se repitió el 17 de mayo, y recién al día siguiente, tras la intervención de la Policía Bonaerense, se levantó el bloqueo. El dueño de la empresa denunció a los manifestantes por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo.
Entre los imputados figuran Néstor Fabián Arévalo, Secretario General de la Delegación Monte Grande, junto con Fernando Emmanuel Arzola, Aldo Guerrero Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Ángel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal y Humberto Castaño. En primera instancia, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora había dispuesto la elevación a juicio. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y dictó el sobreseimiento total de los acusados.
Dicha resolución fue cuestionada por la querella, representada por la senadora bonaerense María Arietto que históricamente atacó al Sindicato de Camioneros, pero tanto el Tribunal de Casación bonaerense como la Suprema Corte provincial rechazaron el recurso. El caso llegó al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario federal.
Los jueces de la Corte consideraron que las instancias anteriores realizaron una interpretación arbitraria del derecho a huelga al omitir pruebas vinculadas a la afectación de derechos constitucionales como el trabajo, el ejercicio de industria lícita y la inviolabilidad de la propiedad privada. Para fundamentar la decisión, citaron el antecedente “Uzcátegui Matheus”, que advertía sobre un “injustificado rigor formal” en la valoración probatoria.
Con este fallo, el expediente regresa a la etapa de juicio oral, donde se analizarán los hechos ocurridos en la planta de Química Oeste y la responsabilidad de los dirigentes sindicales acusados. El pronunciamiento de la Corte se inscribe en un clima de persecución contra el Movimiento Obrero, en línea con la política del gobierno de Milei que apunta a debilitar a los sindicatos y a deslegitimar las herramientas de protesta de los trabajadores.
