Por Redacción
Organizaciones sindicales, políticas y sociales, se movilizarán este lunes al Congreso Nacional en el marco del tratamiento de la ley Ómnibus, para manifestar su rechazo a la normativa. De este modo, representantes de la ambas CTA, la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, se concentrarán desde el mediodía para hacer para que las y los legisladores escuchen sus reclamos.
En tal sentido, la UTEP expresó que “el gobierno claramente continúa buscando mayores poderes y atributos para avanzar en esa agenda que perjudica a la clase trabajadora y beneficia a los vivos de siempre, la verdadera casta”.
Asimismo, la conducción del gremio de la economía popular, sostuvo que “eliminar el monotributo social, los fondos para las obras de integración de los barrios populares, quitarle la posibilidad de jubilación a través de moratoria a muchos compañeros y compañeras, legitimar cualquier acción de las fuerzas de seguridad hasta que se demuestre su ilegalidad, achicar el estado en vez de hacerlo más eficiente y retirar delegaciones en las provincias, son algunas de las medidas de esta ley”.
En este marco, la Asociación Trabajadores del Estado, lanzó un paro por 72 horas, desde este lunes, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: “Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, destacó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la organización sindical.
“Si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo. Pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas”, explicó el dirigente.
Aguiar, sostuvo que “el resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.
Por último, resaltó: “Incluyen una reforma titulada ‘Modernización laboral’, pero en realidad es un gran retroceso. Es muy grave. Se intenta destruir el empleo público. Con la aprobación de esta norma, se quitan los mismos derechos que estaban en el DNU y que la Justicia frenó mediante una cautelar”.
20/4/2024
