Las políticas de Argentina relativas a la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur se habían limitado a reclamar derechos, cooperar unilateralmente sin contraprestación alguna del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e invitar a dialogar, -sin éxito alguno- a Londres sobre la restitución de los Archipiélagos. El nuevo gobierno libertario, alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel, ha desactivado todas las acciones que pudiera llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido y la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN; cuestión, ciertamente insólita, porque la Argentina ni siquiera presta atención a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, que el Reino Unido viola sistemáticamente.
A poco de asumir en 2023, el presidente Milei ordena no tratar el presupuesto anual y con ello congela los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control, dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida; el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo y el narcotráfico.
La entonces canciller Diana Mondino declara que “es necesario atender los derechos de los isleños”, en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.
Este mismo año, el Poder Ejecutivo Nacional presenta al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus), donde se prevé reformar la ley de Pesca para permitir el acceso, mediante el pago de un canon, a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina; hecho inédito en el mundo desarrollado, que extranjeriza el mar argentino y hubiera impedido todo tipo de control argentino en el Atlántico Suroccidental, debilitando su administración.
Profundizando la gravedad de la medida, esta ley preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad y la utilización de tripulación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo, derogaba la ley 26.386, que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa; permitiendo en consecuencia que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de sociedad española-británica, pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera cesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizaron los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos (entre estos, quienes escribimos estas líneas).
El comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió “la prohibición de pescar” de 283.000 a 449.000 km² en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de 1.070.000 km² de alrededor de las Islas, violando, además de la soberanía argentina, la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.
La canciller Diana Mondino y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chario; los responsables diplomáticos de la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos y de la Protección del Medio Marino Antártico; de la Secretaría de Bioeconomía, Fernando Vilella; de la Subsecretaría de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, y del Consejo Federal Pesquero, violan por acción u omisión la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y 27.564); independientemente de la responsabilidad que podría caberle al gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en su competencia provincial.
El avance sobre la prohibición de navegación y pesca de un área de 166.000 km² sobre el Área Marina Protegida existente viola la citada Convención y la Resolución de la ONU 31/49 del 1/12/1976, promovida por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que instó «a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160»; las normas relativas a la Convención Antártica y toda la legislación argentina relativa a los derechos argentinos territoriales, pesqueros y ambientales.
A la existencia de un puerto en las Georgias del Sur y Malvinas, el Reino Unido anuncia la construcción de un nuevo puerto en Malvinas, cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild, que se estima habilitar esta terminal portuaria en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Océano Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. Del mismo modo, los que transitan desde el Océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida, desplazando en todas estas actividades a los puertos de Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.
La canciller Mondino y la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro, se ausentan en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde “los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Sin solución de continuidad, se sigue desinformando a los argentinos sobre la verdadera gravedad de la invasión británica en los archipiélagos y el mar argentino: La posición de la canciller Mondino es, al menos, contradictoria: cuestiona que Rusia ocupe el 18% del territorio de Ucrania y no denuncia que el Reino Unido invada o dispute el 46,64% del territorio argentino; es decir, un espacio más amplio que el territorio continental americano argentino (2.791.810 km²) y antártico argentino (965.314 km²); ya que el Reino Unido invade y/o disputa a la Argentina 5.497.178 km² del territorio nacional. Es decir, un 46,64%, ya que ocupa y explota 1.639.900 km² de territorio argentino (aguas correspondientes, zona de protección y GAP en Malvinas y el Área Marina Protegida y santuario ecológico de 1.070.000 km² alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur) y disputa con la Argentina 2.426.911 km² del continente antártico y 1.430.367 km² de la plataforma continental. Por acción o inacción de las autoridades argentinas, el frente fluvial y marítimo argentino está siendo debilitado.
Una falta de administración adecuada de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que no favorece el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino y la autorización para la profundización del canal del Puerto de Montevideo, sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena, impide la debida integración de la red comercial fluvial-marítima argentina y favorece la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y en Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy particularmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad de población es la más baja del país.
Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, trabajan consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.
Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico, el Reino Unido mantiene en las Islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, contraria a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaron todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Todos hechos de fortalecimiento de la proyección del Reino Unido hacia la Antártida, que pueden ser inconmensurables y muy probablemente irreversibles, ante la tolerancia y pasividad de la Canciller argentina.
Sin que la Cancillería lleve política activa alguna, el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los Archipiélagos de Ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue Belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas; cuando en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, como es el caso de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 km² establecido alrededor de las últimas islas en 2011, que ahora profundiza, mediante la prohibición absoluta de pesca de 166.000 km² que se agregó a la determinación del Área GAP de 4.000 km² al noroeste de Malvinas, donde se concentra gran parte del calamar, especie central de Malvinas.
Tampoco la Cancillería lleva adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros capturados en el área de Malvinas no ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación y, en especial sobre España, que, teniendo empresas radicadas en la Argentina, autoriza a buques gallegos a pescar en Malvinas y asociarse con empresas británicas de las Islas; sin, como dijimos, que la Argentina aplique sanción alguna por violación a la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.
Por cierto, siguen vigentes los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea y habilitan de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas e impiden que los buques argentinos pesquen en esa área.
Es manifiesta la extranjerización del Atlántico Sur y la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y Malvinas: Empresas chinas, españolas-británicas, coreanas, taiwanesas y otras pescaron desde 1976 a la fecha, con licencias ilegales británicas o sin ellas, 48 millones de toneladas, por un valor total estimado de 192 mil millones de dólares.
Respecto a la industria pesquera radicada en el continente argentino: «Del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2024 fueron 539.289 toneladas por un valor de 2.005 millones de U$S procedentes de la captura en su ZEE; un 70% en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20 grupos, el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y, de esas empresas extranjeras, el 70% son empresas de capitales chinos y españoles» (César Lerena “Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina”, 20/3/2023).
No hay políticas en la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; en la Secretaría de Malvinas; en el Consejo Nacional de Malvinas o Consejo Federal Pesquero para administrar el Atlántico Suroccidental y recuperar pacíficamente Malvinas.
Desde la asunción de la Canciller Diana Mondino, da reiteradas muestras de simpatía con británicos e isleños ocupantes de Malvinas, asignándoles derechos a estos últimos, como si fueran parte en la Disputa, violando el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; además de no efectuar los correspondientes reclamos en los distintos foros y haciendo caso omiso a las reiteradas violaciones de nuestros territorios irredentos por parte de la corona británica, distintos funcionarios y las fuerzas armadas británicas.
La ministra Mondino ratifica su política pro-británica con la designación del ex Canciller Jorge Faurie como embajador en Chile, un tradicional aliado del Reino Unido en la región, y la designación del Embajador Carlos Foradori en Ginebra, efectuando con ello su aval a lo actuado por el gobierno argentino en 2016; ratificado en la reciente Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido, a través del Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas del 24/9/24 (IP 470/24), donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, a través de un nuevo Pacto Mondino-Lammy, que en sus partes más salientes indica: «que la Canciller Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, reunidos en Nueva York el 24/9/2024, avanzaron en una agenda amplia que incluye aspectos vinculados al Atlántico Sur, aplicándose esta agenda y a sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989».
Las Partes acordaron retomar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja. También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…».
Objetivos, que no son otros que los indicados en el Pacto Foradori-Duncan de «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión de la Argentina. Mariano Moreno nos decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia. Este Pacto indigno Mondino-Lammy lesiona la soberanía nacional y viola la Constitución Nacional; deja de lado nuevamente al Congreso Nacional y a la voluntad mayoritaria de los argentinos, que no otorgó mandato alguno a la Canciller para facilitar la ocupación territorial británica de nuestros territorios.
El 31 de octubre de 2024 cesa en sus funciones la Canciller Mondino y se designa Canciller a Gerardo Wertheim, quien continúa sin llevar adelante ninguna acción positiva respecto a Malvinas. En febrero de 2025 se designa a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza; nombramiento que mereció el rechazo de la Confederación de Combatientes de Malvinas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor, por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debería “renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas” (De Vedia Mariano, La Nación, 22/2/2025).
Sin oposición argentina, el Reino Unido, en marzo de 2025, profundiza el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) de la empresa israelí Navitas Petroleum asociada a la británica Rockhopper Exploration, que alcanzará la extracción de 150.000 barriles diarios. En el mismo mes, las fuerzas armadas británicas efectúan ejercicios militares en Malvinas para mostrar su potencial bélico a la Argentina y al mundo y su ocupación militar en el Atlántico Suroccidental y los accesos al Océano Pacífico, Índico y la Antártida, haciendo caso omiso a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaron todos los países de África occidental y América del Sur Oriental.
La política exterior llevada adelante por el gobierno de Milei, de alineamiento exclusivo a Estados Unidos e Israel, aísla a la Argentina del conjunto de naciones que apoyaron tradicionalmente los reclamos argentinos sobre Malvinas y, nuestra debilidad, derivada de una política de apertura de las importaciones, desindustrialización y destrucción del Estado, coloca a la Argentina en la peor condición de dependencia extranjera para sostener nuestros reclamos soberanos.
Después de 43 años de políticas erráticas relativas a Malvinas, debiéramos decir que no se trata de vivir aislados del mundo ni de utilizar procedimientos bélicos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Tampoco, de ser anglofóbico o sostener sencillamente «contra los ingleses es mejor», como prólogo en su libro la escritora Ema Cibotti, o utilizar la «mano de Dios», que exteriorizó un sentimiento popular que tienen, aún antes que nosotros, muchos irlandeses, escoceses y galeses.
Nuestra Independencia nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciéndose de nuestros recursos en el país, a pesar de los Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos que, como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Como la enseñanza bíblica de David y Goliat nos indica, es necesario utilizar las mejores capacidades disponibles para resolver esta cuestión que hiere nuestros sentimientos, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestras y las queremos.
Alfonso Hernández-Catá nos decía: «La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última» y nosotros, modestamente, reiteramos que “a Cancha Rayada le llegó su Maipú”, como también le llegará a Malvinas, si nuestra política deja de ser: declamar, reclamar y cooperar unilateralmente, y los funcionarios, en lugar de temblar y asegurarse el salario, caminan con coraje e inteligencia hacia la soberanía plena de nuestro territorio continental, insular y marítimo.
1/4/2025
*Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana
