*Por Grupo Ofensiva Nacional Democrática
Desde la llegada del gobierno de Milei, ya con el dictado del inconstitucional DNU 70/2023, se vienen realizando diversos abusos contra el sistema de salud de nuestro país y sus beneficiarios.
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En cuanto a la vulneración del sistema de obras sociales sindicales, a modo de síntesis destacamos:
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Se habilitó, por el DNU 70/2023 y normas dictadas con base en el mismo, una particular incorporación al Sistema Nacional del Seguro de Salud de las empresas privadas de salud (prepagas) que así lo requieran.
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Se impuso una “especial” competencia entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga —libre mercado al estilo de la escuela austríaca-estadounidense—.
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Se dispuso, para los trabajadores, que elijan “libremente” el destino de sus aportes y contribuciones establecidos por la Ley 23.660. Aclaramos que esta no es la lógica ni la normativa del Sistema Nacional de Salud. Hay un estilo dirigista, paradójicamente, promercado.
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Por una “especial” Resolución 1/2025 de la Unidad de Gabinete de Asesores del 30/01/2025, se resolvió la derivación directa, desde esa fecha, a las empresas de medicina prepaga, de los aportes y contribuciones de la Ley 23.660. Por esta disposición, si el trabajador figura en un padrón de una entidad de medicina prepaga inscripta en el nuevo Registro de Agentes del Seguro de Salud, que tiene un contrato prestacional con una obra social sindical, automáticamente deja de ser beneficiario de esta última y pasa a ser beneficiario de la entidad privada (con su consecuente transferencia de fondos).
Lo anterior, asimismo, configura:
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Una expropiación de recursos a las obras sociales sindicales.
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Violenta el sistema de libre elección de agentes de seguro de salud.
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Entre otras vulneraciones de derecho, favorece claramente a las empresas de medicina prepaga.
Y es dable hacer notar que estaríamos frente a una resolución dictada por un funcionario incompetente.
Si bien se arguye que, supuestamente, se mejorarían las prestaciones, estamos convencidos de que, en realidad, todo esto esconde un ataque a las obras sociales sindicales, a los sindicatos y la apertura-generación de un “nicho de negocios” para empresas privadas de salud.
Como “complemento” de esta misma línea de acción, se liberó el valor de la cuota mensual que podrán cobrar las empresas de medicina prepaga a sus adherentes voluntarios.
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Excusas y estrategias para una mayor rentabilidad de las prepagas:
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Con el pretexto de “una supuesta competencia”, se les quitaron afiliados a las obras sociales. A su vez, se encarecieron las prepagas.
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Por otro lado, estos aumentos desproporcionados y llamativamente “similares” de las cuotas mensuales, implementados por las empresas de medicina prepaga, llevaron a que muchos desistieran de la posibilidad de acceder a una empresa privada para su cobertura de salud.
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Así las cosas, y ya como negocio privado, no van a poder incorporarse los trabajadores que no puedan pagar los mayores costos del nuevo sistema.
En síntesis, la política pública de Milei favorece a las prepagas para que se queden con los trabajadores que más ganan, dejando que el resto se las arregle como pueda. Algo, por cierto, ya verificado en diversos ámbitos como parte relevante de las políticas del gobierno de Milei.
Con estas políticas, se busca que los trabajadores, cada vez más empobrecidos (todavía registrados), sean atendidos por las también cada vez más empobrecidas obras sociales sindicales; y que los trabajadores informales (cuentapropistas y “emprendedores”) sean atendidos (cuando no puedan pagarse una prepaga) por el hospital público.
El hospital público, a su vez, se encuentra y estará cada vez más colapsado por la mayor demanda, el consecuente encarecimiento de los medicamentos y prácticas, y la carencia de recursos (ajuste que reduce presupuesto).
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No hay casualidades: el contexto general contribuye al deterioro salarial; este, al deterioro permanente de las obras sociales sindicales, y todo afecta la capacidad de acción gremial.
Se corrobora que:
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La política económica gubernamental incide en que la mayoría de los salarios pierdan poder adquisitivo y, consecuentemente, se reducen los ingresos de las obras sociales sindicales por aportes y contribuciones.
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Pese a ello, es dable destacar que, al mismo tiempo, las obras sociales sindicales continúan otorgando a sus beneficiarios las prestaciones médico-asistenciales obligatorias establecidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO), etc.
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A la vez, la política gubernamental de la llamada “motosierra” reduce el presupuesto para los hospitales públicos nacionales.
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Paralelamente, ante el recorte de partidas para las provincias, se ven reducidos los presupuestos para los centros de salud públicos provinciales.
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Nuevas regulaciones, o cómo perseguir obras sociales sindicales
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se implementaron “auditorías integrales” a varias obras sociales sindicales para justificar la intervención de varias de ellas. Estas y otras medidas fueron decretadas por Milei, violentando el derecho de defensa de las obras sociales. En ninguno de los casos se instrumentó el sumario previo para que las entidades pudieran defenderse.
En muchos casos, las obras sociales sindicales desconocen cómo se están tramitando los expedientes que las involucran. Los supuestos incumplimientos que habrían detectado estas auditorías no alcanzarían para justificar una intervención, conforme la normativa vigente.
Por Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) 102/2025, también se creó un Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes de Salud. Es la propia SSSalud quien realiza los informes preliminares a fin de determinar si la obra social debe ingresar en la condición de situación de crisis.
La misma SSSalud aprueba o rechaza el plan de contingencia que se les exige a las obras sociales sindicales al ser declaradas en esta situación. Unilateralmente, la SSSalud determina si se cumplió o no el plan de contingencia, y resuelve si se da inicio al proceso de baja y liquidación.
Todo lo anterior nos lleva a colegir una estrategia sistemática, in crescendo, de hostigamiento y debilitamiento patrimonial y operativo en perjuicio de las obras sociales sindicales. Esto no es sino el prefacio de una estrategia mayor contra las organizaciones sindicales, en el marco de un modelo inviable que necesita debilitar, neutralizar o destruir toda posibilidad de organización y solidaridad colectivas.
Por ello, es imperioso que tomemos conciencia y nos organicemos para frenar estos procederes, defendiendo las obras sociales sindicales, los sindicatos y la libertad sindical; afectada aquí y en muchos otros ámbitos.
1/4/2025
*Organización integrada por abogados laboralistas y referentes del mundo del trabajo.
