Por Redacción
La Unión de Empleados Judiciales, que conduce Julio Piumato, miembro del Consejo Directivo de la CGT, reclamó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que gestione de manera urgente la inclusión del personal judicial en un plan estratégico de vacunación o en su defecto la adquisición de dosis de vacunas a través de la obra social del gremio.
A través de una carta dirigida al Presidente de la Corte, Calos Rosenkrantz, el dirigente sindical, reclamó que se elabore un plan concreto para la prevención de la crisis nacional. De esta manera UEJN reiteró el reclamo hecho el pasada 20 de enero.
Desde la organización sindical señalaron que “la segunda ola del virus es mucho más virulenta y requiere medidas extremas para disminuir el riesgo, lo que solo puede ser garantizado con la inoculación de un elevado porcentaje de la población para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño”.
Del mismo modo remarcaron que “en la justicia existe una seria y cierta preocupación por la gran cantidad de situaciones, y se llegó ya al récord de casos diarios y al continuo aumento de los contagios”.
Asimismo señalaron que “la demora en vacunar al personal es incomprensible, afecta el servicio de justicia y sitúa a los trabajadores en un estado de indefensión y vulnerabilidad absoluta”.
Por otro lado informaron que “el Gobierno de Chaco incluyó a todos los empleados de la justicia federal en el plan de vacunación, y ya fueron inoculados en Resistencia y Sáenz Peña por ser estratégicos para el funcionamiento de las instituciones”.
La UEJN puntualizó: “El elevado riesgo que existe en la justicia, que se acrecienta por las particularidades de la labor del personal, la precariedad de las condiciones en las que las realizan y el paupérrimo estado de los inmuebles. Se impone decretar la emergencia judicial y elaborar un plan estratégico plurianual para revertir esa alarmante situación de los trabajadores”.
“Retomar las actividades normales y habituales, como por ejemplo las audiencias, implicaría un alto riesgo de propagación de la Covid-19. Ese riesgo objetivo se agrava por el desconocimiento o poco o nulo apego que algunos magistrados y funcionarios evidencian respecto de las pautas establecidas en las Acordadas”, explicaron fuentes sindicales.
En función de ello reclamaron a la corte “pautas concretas y taxativas” para, de esta manera, garantizar “la mínima presencialidad en las dependencias y el control de las medidas de prevención necesarias”.
14/4/2021
