Por Redacción
La Universidad de Buenos Aires denunció que sus hospitales universitarios recibirán el año próximo un 30% menos de fondos que en 2025, según el proyecto de Presupuesto Nacional impulsado por el Gobierno libertario. La advertencia fue formalizada mediante una resolución del Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la institución, que analizó el impacto de la iniciativa oficial sobre el sistema universitario y la salud pública.
El recorte previsto alcanza a centros asistenciales estratégicos como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA, que atienden históricamente a más de 700 mil pacientes por año. La universidad sostuvo que la reducción presupuestaria comprometió el funcionamiento de estos establecimientos y el acceso a servicios esenciales.
El Consejo Superior de la UBA expresó su preocupación por la intención del Poder Ejecutivo de eliminar la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso y por la situación salarial de su personal. Asimismo, advirtió sobre la pérdida de ingresos de docentes, no docentes y científicos, quienes vieron deteriorado su poder adquisitivo de forma sostenida durante los últimos dos años.
Por otro lado, aseguró que el incremento nominal previsto para gastos de funcionamiento resultó insuficiente y que la continuidad del atraso salarial proyectado para 2026 profundizó el “ahogo presupuestario” de la universidad, con consecuencias directas sobre la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios clave, en especial en el área sanitaria.
La UBA recordó que declaró la emergencia presupuestaria y ratificó la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes debido a la falta de actualización de las partidas asignadas y a una pérdida del poder adquisitivo que superó el 45% en relación con diciembre de 2023.
La Universidad de Buenos Aires rechazó de forma explícita la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, Ley 27.795, incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional. El Consejo Superior advirtió que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales.
