*Por Mario Gambacorta Esta reforma no es solo laboral. Es la verificación del fracaso de la denominada Ley Bases y del modelo económico que refleja. Demuestra que, más allá de las brutales transformaciones desprotectorias que la Ley Bases generó en el mundo del trabajo en más de un año y medio de su vigencia (aunque gran parte de la sociedad no lo vea o no lo quiera ver), este tipo de reformas no generan trabajo ni mejoran su calidad. Por el contrario, aumentan la precarización, la informalidad y la desocupación.
Por otra parte, ante el nuevo proyecto de reforma laboral del gobierno de Milei, que viene a profundizar el desastre socioeconómico para las mayorías populares, también preocupan las cavilaciones, o peor aún, las ausencias en las críticas de muchos dirigentes que deberían asumir sus funciones y formular cuestionamientos articulados frente a esta nueva reforma.
En ese marco, cabe preguntarse si en algunos sectores o representantes que se encuadran formalmente dentro del Movimiento Nacional no subyacen coincidencias con lo postulado e impulsado por el actual régimen conservador liberal libertario que conduce Milei, en particular en materia de reforma laboral.
La pregunta, entonces, se vuelve central de cara a la inminente votación del proyecto: si algunos dirigentes, respecto de los cuales aún no se conoce su posición, tienen la convicción de que el movimiento obrero organizado sigue —o debe seguir— siendo la columna vertebral del Movimiento Nacional, o si consideran que ese rol ha cambiado o debería cambiar, desplazando a los sindicatos en favor de los gobernadores u otros ámbitos de poder.
Concretamente, nos preguntamos si estamos verificando una disociación práctica de sectores del justicialismo con su principal base histórica de representación, si se trata de una situación coyuntural para luego recomponerla como si nada hubiera ocurrido, o, peor aún, si se encamina hacia algún tipo de disgregación.
Para intentar comenzar a responder estos interrogantes, o al menos impulsar un análisis que habilite un debate conducente, resulta necesario reflexionar sobre algunos hechos, actitudes y posicionamientos políticos adoptados desde diversos sectores.
En ese sentido, el apoyo brindado por varios gobernadores justicialistas al gobierno de Milei también obliga a preguntarnos si se trata de una lógica de colaboración, de oportunismo, de necesidad, o de una lisa y llana pérdida de rumbo, en función de la propia subsistencia política y/o provincial.
Esto permitiría colegir:
1°) una actitud excluyentemente pragmática;
2°) una consustanciación y/o similitud con las políticas del gobierno de Milei;
3°) una desconexión con un proyecto político nacional, popular e integrador.
Llegados a esta instancia, no podemos dejar de recordar lo ocurrido durante la década de 1990. En aquel período también se registraron silencios, cavilaciones, complicidades y defecciones. Sin embargo, lo que ocurre —y puede ocurrir— en la actualidad se vería potenciado en sus efectos económicos, políticos y sociolaborales negativos, no solo por la demolición de derechos laborales, sino también por la desconfiguración del modelo sindical argentino vigente.
Lo que hoy padecemos no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia de un proceso histórico, político, social y económico; en síntesis, de un deterioro histórico-cultural que no se limita a los años noventa.
Este proceso, que también se expresa en el seno del justicialismo a partir de un debilitamiento general de las fuerzas políticas nacionales y populares, parece sumarse a aquel que, en su momento, llevó al radicalismo a una transigencia orientada a la consolidación de articulaciones con sectores conservadores y liberales que no eran parte —sino enemigos— de los grandes postulados que permitieron ubicar a la Unión Cívica Radical dentro del Movimiento Nacional.
Por ese motivo esbozamos estas líneas, al preguntarnos si no se estaría corriendo el riesgo de que se produzca un fenómeno similar o comparable en el Partido Justicialista en el presente. De ser así, el futuro será dramático, tanto por sus efectos como por sus consecuencias y por las situaciones que se desconfigurarán en la Argentina en función y beneficio de los grupos concentrados de poder hegemónico.
Estamos convencidos de que, si prospera este proyecto de reforma laboral, no enfrentaremos una mera transformación en las relaciones laborales ni un simple reordenamiento de los marcos políticos partidarios. Sostenemos que esta reforma constituye un hecho emblemático, por su impacto concreto y simbólico, que iniciaría la decantación y consolidación de un proceso de revolución reaccionaria, regresiva y antihumanista que impulsa el gobierno de Milei.
En efecto, el quiebre casi definitivo de los derechos laborales y el debilitamiento —o directamente el desmantelamiento— de las estructuras sindicales y de negociación colectiva tal como se las conoce en la Argentina abonará el proyecto político de este gobierno, orientado a priorizar la primarización, el extractivismo y la financiarización, es decir, la colonialidad.
De aprobarse este último proyecto de reforma laboral, se limitará la capacidad de respuesta y de resistencia político-gremial frente al proceso de desindustrialización, erradicación de la justicia social y desarticulación como Nación que impulsa el actual gobierno.
Consideramos que, luego de dos primeros años de indiscriminada destrucción política, social y económica —especialmente industrial— generada por el gobierno de Milei y por los intereses que se ocultan detrás suyo, se está ingresando en una nueva etapa de acción política, orientada a consolidar de manera brutal el desmantelamiento de las instituciones que hicieron posible aquella Argentina en la que se podían esperar transformaciones positivas de crecimiento económico —sobre todo industrial— con justicia social.
Desde el golpe de Estado de 1976, esa Argentina comenzó a quebrarse. Hoy estamos presenciando el corolario de ese proceso de debilitamiento y destrucción, atravesado por complicidades, acomodamientos y defecciones que lo han permitido y lo siguen permitiendo.
Que no prospere el proyecto de reforma laboral del gobierno de Milei no resolvería todos los problemas, pero sí permitiría sostener y fortalecer un nudo de resistencia frente a la agresión que está sufriendo nuestra Patria en términos de desarrollo, justicia y equidad.
En síntesis, significaría avanzar un peldaño para quebrar la inercia de la imposibilidad que se pretende imponer contra la construcción de una sociedad en la que pueda verificarse un desarrollo humano integral. Desde el rechazo al proyecto de reforma laboral debe iniciarse un proceso de reconstrucción junto a quienes verdaderamente estén dispuestos a hacerlo.
No se trata únicamente de frenar la pérdida de derechos para quienes todavía los conservan, sino de avanzar para que también los tengan quienes los perdieron o nunca los tuvieron. Y hacerlo dentro de un marco que consideramos imprescindible para crecer y mejorar nuestra calidad de vida: un modelo de desarrollo centrado en una industrialización con justicia social, como base de un proyecto de Nación.
Caso contrario, probablemente estaremos —aunque sin legitimidad— frente a la legalización de una tragedia para el pueblo y para la Nación argentina.
Caso contrario, el futuro que se cierne sobre nosotros resulta inescrutable.
Sin desmedro de lo anterior, ante cualquier escenario, no tengan dudas de que, en mejores o peores condiciones, somos muchas y muchos quienes continuaremos la lucha por la reconstrucción de nuestra Patria y por la felicidad de nuestro pueblo.
*Abogado laboralista. Miembro del Grupo Ofensiva Nacional Democrática.
