Por Redacción
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia emitió un comunicado en el que exigió la derogación inmediata de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo durante junio y julio de 2025, que modificaron los estatutos, funciones y protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad federales.
La organización afirmó que los decretos 383/2025, 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 fueron dictados “en ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo por la Ley Bases”, lo cual consideró inconstitucional. “Ya genera una primera objeción porque abarcan cuestiones penales ajenas a las cuatro materias a las que la negociación parlamentaria redujo las once iniciales (administrativa, económica, financiera y energética)”, precisó en el comunicado.
La organización denunció que las nuevas disposiciones otorgaron facultades desmedidas a las fuerzas federales, eliminan controles judiciales y habilitan tareas propias del ámbito penal, en contravención con el artículo 76 de la Constitución Nacional. “Se redefine el rol de las fuerzas, se amplían sus facultades para intervenir sin orden ni control jurisdiccional, a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad, tanto en el patrullaje urbano como en protestas sociales”, remarcó la Red.
Asimismo, sostuvo que “un eje que atraviesa los cinco decretos es la sustitución de la expresión ‘seguridad’ referida a las personas y sus bienes por la de ‘seguridad nacional’, expresión que remite inexorablemente a las más graves etapas de ataque a la democracia y los derechos humanos en nuestra región”.
La Red vinculó estos decretos con el Decreto 58/2025, que en febrero cambió la denominación del Ministerio de Seguridad por la de Ministerio de Seguridad Nacional. En tal sentido, indicó que “estos decretos refuerzan esa definición que cambia de raíz la naturaleza y funciones de las FFSS”.
En ese sentido, subrayó: “La PFA, que antes se definía como ‘policía de seguridad y judicial para la protección de bienes y personas’, ahora pasó a ser ‘garante de la protección de la Seguridad Nacional’. ‘Protección de las personas’ y ‘protección de la seguridad nacional’ no son lo mismo. De hecho, la historia prueba que son expresiones antitéticas”.
La Red explicó que, a partir de estos decretos, las fuerzas pueden actuar “espontáneamente” en casos de delitos flagrantes, reunir información y pruebas por su cuenta para iniciar causas judiciales, acceder a bases de datos públicas y privadas y realizar ciberpatrullaje sin autorización judicial. Afirmó que “en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”.
Por otro lado, recalcó que la norma permite a la Policía Federal “hacer uso de la fuerza y específicamente esgrimir ostensiblemente sus armas, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supraconstitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado”.
Respecto a Gendarmería, el Decreto 454/2025 la define como “fuerza federal de seguridad militarizada” con autorización para actuar en cualquier punto del país, incluso en lugares de “valor estratégico” definidos por el Ejecutivo, y a realizar análisis criminal sin respetar los límites de la Ley de Inteligencia Nacional. El Decreto 455/2025 estableció que el Servicio Penitenciario Federal, ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, podrá producir inteligencia criminal, cooperar con otras fuerzas, integrar equipos de investigación y administrar bases de datos, en cumplimiento de órdenes ministeriales.
Por su parte, el Decreto 456/2025 otorga a la PSA la facultad de realizar tareas más allá del ámbito aeroportuario. La Red señaló que esa fuerza puede “brindar otros servicios relativos a la seguridad interior”, organizar archivos y sistemas de información y acceder a datos públicos y privados a requerimiento del Ministerio.
Finalmente, el Decreto 457/2025 le permite a Prefectura intervenir en el restablecimiento del orden público fuera de su jurisdicción y ejecutar cualquier función que el Poder Ejecutivo le asigne, lo cual, según el comunicado, implica un nuevo avance en el uso interno de fuerzas con funciones específicas.
“La abultada expansión de facultades policiales se combina con la reducción de los controles antes existentes y garantiza la impunidad de sus ejecutores y mandantes”, sostuvo la Red, y agregó: “El aumento de fusilamientos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social son su directa consecuencia”.
Por último, explicó que “todas las fuerzas de seguridad son compatibilizadas expresamente con la reinstalación de la doctrina de la seguridad nacional y las fronteras ideológicas, para perseguir a los ‘enemigos’ marcados desde el Gobierno y en especial por el Ministerio de Seguridad Nacional, dejando en evidencia su rol de ejecutor de las políticas de EEUU y su socio, el Estado de Israel”.
La Red convocó a resistir “estas políticas represivas con la movilización popular” y manifestó: “Instamos a las y los integrantes del Congreso de la Nación, algunos de los cuales ya se han pronunciado públicamente sobre la necesidad de derogarlos, a su rápido y efectivo tratamiento legislativo para poner un freno a esta vocación represiva”.
