Por Gustavo Ramírez
“El tema de hoy es un adversario que supone una amenaza…Este adversario es uno de los últimos bastiones de la economía de planificación central que aún quedan en el mundo. Gobierna mediante la promulgación de planes quinquenales. Desde una única capital, trata de imponer sus exigencias a lo largo y ancho de varios husos horarios, continentes, océanos y más allá. Con una sistematizada brutal, ahoga el libre pensamiento y aplasta las ideas nuevas”. La textual pertenece a Donald Rumsfeld y es del 2001, meses antes de los atentados del 11-S.
Lo curioso es que no se refiere a ningún gobierno, sino al propio Pentágono. El Secretario de Defensa de Bush hijo demostraba así es el estado de intriga que imperó entonces en Estados Unidos, pero que se replica en nuestros días. Esta cita bien podría ubicarse como un enunciado más de los tantos semejantes que se replican en los encuentros de Juntos por el Cambio. No sólo para evidenciar las disputas internas, sino también para poner de manifiesto cual es su alineación externa.
Hace unos meses, la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no se ruborizó al señalar que lo más importante que tiene América Latina son sus recursos naturales. Reconoció que la mira de su gobierno estaba puesta en el “triángulo del litio”, pero también en el petróleo venezolano, en los bosques de la Amazonia, como “pulmones del mundo” y sobre todo, las reservas de agua dulce.
La cita de Rumsfeld viene a cuento porque después del 2001 los sectores más conservadores de los conservadores de Estados Unidos impusieron un nuevo régimen de política exterior: “el mundo es un campo de batalla”. El dogma dominante del imperio se propagó como un río de lava por diversos países de Latinoamérica donde existe un campo político formal orgánico a este mandato.
El mes pasado el Congreso de Perú, que responde a la presidencia ilegal de Dina Duarte, autorizó el desembarco de mil tropas estadounidense en el país. Los argumentos fueron los mismos que esgrimió en las últimas horas el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: defensa de la libertad, del orden y del desarrollo.
Lo que por estas horas ocurre en Jujuy pone de manifiesto que existe una clara alineación de la oposición con políticas internacionales que subvierten el orden interno de los países en función de consolidar el latrocinio y sistemas de gobierno plutocráticos. Este estado de situación se explica más por los condicionamientos geopolíticos que por las inclinaciones internas. Aun con los rasgos incipientes de la multipolaridad lo que promueve la reacción estadounidense es el sostén de modelos de gobiernos con mandatos oligárquicos regidos por la “dictadura financiera”.
La reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales se inscribe en el interminable proceso de dependencia que rige en el país desde 1976. Incluso podríamos decir que tuvo su inicio en 1955. No es casual que el Partido Radical, al que pertenece el gobernador, haya intervenido activamente a favor de los golpes de estado más sanguinarios que padeció el país. Curiosamente, estos se perpetraron contra gobiernos democráticos peronistas.
Por entonces, para llevar adelante semejante traición nacional, este partido se alineó automáticamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la CIA, que fueron quienes operaron a favor de ambos golpes de Estado desde el exterior. Sin embargo, esto quedó aplastado por el peso de la tergiversación histórica. El retorno democrático del ’83 no significó el blanqueo de las acciones de determinados dirigentes políticos que más tarde fueron presentados como adalides de la democracia.
El imperativo categórico fue reacomodar el orden social bajo el régimen de un contrato que se cerró de espaldas al pueblo. Raúl Alfonsín, igual que otros radicales, persiguió a la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales. Del mismo modo que hoy lo hacen Larreta, Bullrich y Morales, introdujo como pedagogía de la dependencia la falsa idea del peronismo como idea anti-democrática. Durante los primeros años de su gobierno, incluso contando con cierta legitimidad social, estableció un proceso persecutorio con razzias policiales en los barrios populares y criminalización de la protesta.
El régimen de convivencia de la democracia liberal se cimentó por medio del estatuto de la dependencia que implicó, como contrato social, la reforma de la Constitución del ’94. Paradójicamente, esta reforma contó con un amplio consenso político por parte de muchos dirigentes que adscriben al peronismo desde diversas corrientes ideológicas, varios de ellos y ellas hoy son parte de la estructura de gobierno.
Por otro lado, existe un pasiva reacción política que terminó por naturalizar estos hechos como parte de la mal llamada sana convivencia democrática. La política de la dependencia solo puede regir a través de un modelo alienado con los mandatos de Washington, pero no puede ser aplicada si el peronismo sigue vigente. Eso se desprende de la historia. Eso se evidenció en 40 años de democracia. ¿Por qué? Es simple, porque el peronismo es un verdadero Movimiento Nacional Revolucionario y descolonizador.
Por estas horas los segmentos progresistas que abrevan con simpatía en el campo popular se han encargado de propagar la idea ficticia de que lo ocurrido en Jujuy es un ensayo opositor. En realidad esta idea carece de profundidad política e indirectamente termina por justificar y naturalizar lo que de verdad está pasando. No hay ensayo posible. Gerardo Morales fue funcionario de la Alianza, por ende sabe muy bien lo que hace. No ensaya, ejecuta.
Para los defensores de la democracia liberal la represión es un elemento constitutivo de la ejecución política de gobierno y la eliminación del enemigo político una necesidad. Si se analiza en profundidad como opera la policía jujeña se podrá apreciar que se repiten los tradicionales esquemas represivos utilizados en otras oportunidades. Incluida la clásica infiltración policial.
No es tampoco casualidad que Morales se haya apurado a responsabilizar al Gobierno Nacional y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por lo que ocurre en la provincia. Es de manual. Incluso se tropiezan con su misma torpeza a la hora de declarar, pero ello no tienen consecuencias.
La cuestión se entrevera cuando se observa la ausencia de reacción política contundente de las fuerzas políticas del campo popular. La respuesta hasta el momento la dio el Movimiento Obrero y los Movimientos Sociales. La pregunta es ¿por qué? Los indicios no son claros. Cada acción oficial y de la coalición gobernante se inscribe en el plano de la incertidumbre.
No son pocos los analistas que refieren que las cosas están complejas en el país. Sin embargo, nada está más claro. Por lo tanto asumir posturas ambiguas puede contribuir a que las bases hagan lecturas confusas del estado de situación. La fuerza popular tiene que ser clara. Pero también contundente. La violencia política a la que adscribe la oposición tiene un correlato histórico. naturalizar esta situación como se naturalizó el atentado contra la vicepresidenta pone al pueblo en estado de vulnerabilidad y peligro.
20/6/2023
