Por Redacción
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el último jueves un encuentro de trabajo con representantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles. En ese marcó, se abordó el análisis del impacto que tendrá para el sector la aplicación de la Ley Ómnibus del gobierno libertario, de aprobarse en el Congreso Nacional.
De la reunión participaron: el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Diego Rozengard. Estuvieron presentes el vocal de la CEPREB, Carlos Paredes; el revisor de cuentas de la entidad, Daniel Mónaco; y los representantes Juan Manuel Ritacco, Marcelo Michelini, César Cárdenas y María Camila Barbagelata.
En ese orden, Javier Rodríguez aseguró que “la Ley Ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia. Este proyecto del Gobierno Nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.
Al mismo tiempo, Ghioni afirmó que “se analizó la situación crítica en la que entraría el sector a partir de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional. Estas pymes quedarían directamente afuera, ya que sería imposible que pudieran competir con las grandes exportadoras que concentran la mayor parte del mercado”.
Por otro lado, Ritacco expuso que “la aprobación de la Ley Ómnibus significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses: mientras que la legislación actual promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores. La sanción de esta nueva ley nos pondría en situación de alerta y ante un riesgo muy elevado”.
En su contenido, el mega proyecto de Ley que el gobierno envió al Congreso, impactaría de manera negativa sobre 11 plantas productoras de biodiesel que se encuentran distribuidas entre las ciudades de Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar. Este entramado pyme surgió a partir de la sanción de la Ley 26.093 de biocombustibles, sancionada en 2006. Allí se establecen los cupos, precios y cantidad de cortes con la finalidad de promover la actividad industrial y el desarrollo industrial en el interior del país.
12/1/2024
