Por Redacción
Mientras la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires confirmó la finalización del trámite de cambio de jurisdicción en la reforma estatutaria de a Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar, la conducción de la AFA, encabezada por su titular Claudio «Chiqui» Tapia, emitió un comunicado donde rechazó la veeduría de la Inspección General de Justicia. Al mismo tiempo, desmintió la existencia de irregularidades graves y anunció que recurrirá al Poder Judicial para dejarla sin efecto.
La conducción de la AFA planteó que la resolución incurrió en una contradicción central entre el alcance formal de la veeduría y la gravedad de los hechos invocados. En ese punto, la entidad citó expresamente el texto oficial de la IGJ, donde afirma que “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”. En el mismo acto administrativo, el organismo afirmó que se trata de una “medida preparatoria” destinada a recabar información para “determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.
Por otro lado, contrapuso esa definición con el contenido del comunicado institucional de la IGJ, que calificó los hechos bajo análisis como “graves irregularidades”, mencionó “millones de dólares de origen y destino desconocido” y aludió a la existencia de una “sede social falsa”. Según la entidad rectora del fútbol argentino, la utilización de esas expresiones resulta incompatible con una medida que el propio organismo define como no sancionatoria.
En relación con los balances contables, la AFA rechazó la acusación de incumplimientos prolongados. Informó que los estados correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados en tiempo y forma y se encuentran bajo trámite administrativo regular, con vistas pendientes de respuesta. En ese marco, la Asociación indicó que la propia resolución de la IGJ reconoce la existencia de actuaciones en curso al referirse a “vistas contables corridas” y a la “interpelación a auditores”.
La AFA sostuvo que, mientras exista un procedimiento abierto, no puede afirmarse la existencia de irregularidades firmes y atribuyó las demoras a la falta de resolución administrativa por parte del organismo de control. Respecto del ejercicio 2025, la entidad explicó que no fue presentado ante la IGJ debido a que, desde noviembre de 2024, el domicilio legal de la asociación se encuentra inscripto en la Provincia de Buenos Aires, en virtud de una resolución firme de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La AFA remarcó que cualquier controversia sobre la validez de esa inscripción debe ser resuelta en sede judicial.
En cuanto al cuestionamiento sobre el domicilio ubicado en el partido de Pilar, la entidad rechazó que se trate de una sede inexistente y afirmó que el cambio fue aprobado por la autoridad provincial competente, mediante un acto administrativo válido y vigente.
La AFA vinculó la decisión de la IGJ con un antecedente reciente. Señaló que el organismo utilizó un criterio similar en 2023 contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que entonces presidía Patricia Bullrich. En aquel caso, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló la intervención dispuesta por la IGJ por violación al debido proceso y ordenó su suspensión inmediata.
La AFA sostuvo que los argumentos actuales del organismo —falta de información y sospechas sobre el manejo de fondos— son sustancialmente idénticos a los que ya fueron descartados por la Justicia. El comunicado de la IGJ incluyó una definición política que, para la conducción del fútbol argentino, expuso el trasfondo de la medida. La Inspección General de Justicia expresó: “En la nueva Argentina del Presidente Javier Milei no hay privilegios”.
Para la AFA, esa afirmación revela que la veeduría no responde a un control administrativo ordinario, sino a una política orientada a debilitar institucionalmente a la entidad con el objetivo de favorecer la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas y desplazar el modelo de clubes sociales. La conducción de la Asociación advirtió, a su vez, que la situación se desarrolló en paralelo a un conflicto de jurisdicción entre el Estado nacional y la Provincia de Buenos Aires por la competencia sobre su inscripción legal, contexto en el que la AFA quedó involucrada en una disputa de poderes ajena a su funcionamiento institucional.
Frente a este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino afirmó: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Asimismo, adelantó que «por eso, en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”.
El comunicado cerró con un mensaje dirigido a los clubes, socios e hinchas, en el que la conducción reafirmó la defensa de la autonomía institucional del fútbol argentino y cuestionó cualquier intento de avanzar sobre sus estructuras mediante decisiones de carácter político. En ese tramo final, la AFA sostuvo que el fútbol argentino pertenece a sus clubes, a sus socios y a su gente, y que no será subordinado a intereses empresariales ni a operaciones de poder.
