Entre la desmemoria y la resistencia

A propósito del nefasto proyecto autodenominado de Modernización Laboral, del Poder Ejecutivo Nacional, es bueno traer a la memoria aquel documental de Pino Solanas: Memoria del saqueo. En aquella oportunidad, el recordado cineasta y militante político explicaba las condiciones políticas y sociales y, fundamentalmente, económicas que construyeron la caída del régimen neoliberal de los ’90 y la llegada a diciembre de 2001.

Estamos ante un nuevo saqueo. Un saqueo de sueños, de derechos y, por lo tanto, de la visión de un país que se viene construyendo hace muchos años y que maduró en la memoria y en la conciencia de los trabajadores y de la clase popular argentina.

No cabe otra que oponernos de forma total a este proyecto, por una sencilla razón: no hay posibilidad de mejorar la situación laboral maquillando tutelajes o cambiando reglas de juego para destruir el país que soñamos. Quieren transformarnos, definitivamente, en una colonia sin derechos para el pueblo trabajador y sin su participación en la vida democrática.

Como ya se ha dicho, este proyecto no tiene nada de nuevo, nada de modernizador. Una normativa que atienda a las relaciones laborales implicaría trabajar sobre un eje que refuerce las relaciones individuales y colectivas de trabajo, dar nuevos derechos para incorporar y responder los desafíos que impone en el universo laboral la Inteligencia Artificial, del trabajo en plataformas digitales, poner sobre la mesa la capacitación, el diálogo social que mire al país productivo y con derechos, la negociación colectiva de actividad como salida hacia un proyecto de redistribución del ingreso y mejora de la productividad. También debería incluir la puesta en valor de la organización sindical como herramienta fundamental del sistema democrático de derechos.

Una vez más, vienen por las organizaciones sindicales, como ocurrió a partir del 16 de septiembre de 1955 y el 24 de marzo de 1976, seguramente porque es la última valla para contener la dignidad y la memoria de un pueblo y su sueño de futuro, de trabajo y de prosperidad. El Movimiento Obrero, con sus luces y sombras, ha moldeado la construcción de un país con Justicia Social, aquella que no solo se encuentra resguardada en la Constitución Nacional y en los tratados de Derechos Humanos y Sociales, sino que, además, forma parte de nuestra formación como Nación y como sociedad.

El ataque contra la organización sindical, el desfinanciamiento de las mismas, la destrucción de la negociación colectiva, el cercenamiento de la huelga, de las asambleas, la desprotección de los delegados, la tipificación de delitos cuando lo que hay son acciones sindicales legítimas y ajustadas a derecho, la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, son elementos de la desintegración del mundo del trabajo tal cual lo conocemos, que nada tienen que ver con la modernización de la estructura laboral.

Por otro lado, la modificación del procedimiento laboral con el objetivo de cambiar el paradigma del sujeto de tutela preferente, como lo sostiene la Corte Suprema, la derogación de la Ley de Teletrabajo y la destitución del contrato individual como fuente de derecho, no solo eliminan principios generales del derecho laboral como disciplina autónoma, sino modifican elementos esenciales del contrato de trabajo, comenzando por vaciar de contenido la negociación colectiva e individualizar, cual paraíso liberal, una discusión supuestamente equilibrada entre un trabajador y un empresario, permiten disponer de vacaciones, de horarios de trabajo a través del banco de horas, reducir salarios, establecer en forma legal discriminaciones para romper el colectivo y la unidad.

Eliminar de hecho la indemnización por despido instaurando un fondo de asistencia laboral que implica una exacción a los fondos del ANSES de 4.000 millones de dólares que serán manejados por nuevas AFJP, como ya sucedió en los ’90. Seguramente el manejo de esos fondos, que constituye una brutal transferencia de recursos del sector trabajador y de los jubilados, irá a parar al pago de los intereses de la deuda externa, que día a día crece y es soportada por el pueblo con su hambre.

Tenemos que unir al sindicato con las organizaciones libres del pueblo, con los sectores de la academia, de la economía popular, con los sectores empresarios agredidos con esta política de ajuste. Es necesario volcar nuestras mejores herramientas y la mejor herramienta, en este caso, es la lucha y la conciencia popular.

Este escenario se parece mucho al del bombardeo del 16 de junio de 1955, esta vez materializado con complicidad de algunos legisladores nacionales y, fundamentalmente, de gobernadores que no titubean mientras bailan en la cubierta del Titanic en vender a los trabajadores y a los jubilados por una supuesta estabilidad de las cajas de sus respectivas provincias.

Esto, sin ninguna duda, permanecerá en la memoria del pueblo trabajador y no podrán los dirigentes que se presten a tamaña desvergüenza decir en el futuro que representan los intereses del pueblo. Es momento de lucha también en los organismos internacionales.

El sindicalismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y otros organismos de los derechos sociales cumplirán un rol fundamental en la etapa que se avecina, conjuntamente con la movilización y la resistencia en todos los frentes. Solo así pararemos este proyecto que viene a destruir nuestros sueños, a pauperizar nuestro esquema de vida, a quitarle derechos a nuestros hijos, a sacarnos la educación, la salud, la formación profesional y, fundamentalmente, porque entregando a los trabajadores y a los que producen en nuestra Patria van a entregar la soberanía de nuestro país como marco para un tutelaje colonial que seguramente fracasará con los trabajadores organizados poniendo como objetivo la creación de un poder popular que se exprese en todos los ámbitos del sistema democrático.