Por Redacción
El Centro de Economía Política presentó su informe “La Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN)”, donde confirmó que entre enero y septiembre de 2025 el gasto total del Estado cayó un 31% en términos reales respecto a 2023. El análisis dio cuenta de un ajuste profundo en áreas sensibles de la administración pública, mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó su presupuesto un 23% y los Servicios de Deuda Pública mantienen un peso relevante del 9% sobre el gasto total.
De esta manera, en salud, los recortes afectan a la Superintendencia de Servicios de Salud (-56%), hospitales nacionales (-30% a -38%), Instituto Malbrán (-26%) y ANMAT (-27%). Por otro lado, los programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta el 100%, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. La única excepción positiva es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, con un aumento del 41%. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registró un descenso del 35%, mientras INCUCAI tuvo un crecimiento del 20%.
En ciencia y tecnología, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 83%, CONAE un 40%, CONICET un 29%, el Servicio Geológico Minero Argentino un 32%, el Servicio Meteorológico Nacional un 23%, la Fundación Miguel Lillo un 26% y CONEAU un 27%.
Los organismos de seguridad social y desarrollo social también sufrieron ajustes profundos. ANSES redujo su gasto un 7%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un 72% e INAES un 75%. Programas como el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social registraron ejecución del 0%, el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 89% y Comedores Comunitarios y Merenderos un 74%.
En educación, las partidas críticas registraron caídas extremas: Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente con ejecución del 0%, Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles -88%, Becas y Gestión Estudiantil -77%, Acciones de Formación Docente -79%, Infraestructura y Equipamiento -46% y Desarrollo de la Educación Superior -30%.
El sector de desarrollo productivo y energía registró recortes significativos. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó un 76%, INTA un 37%, INTI un 44%, Comisión Nacional de Energía Atómica un 39%, ENRE un 24% y ENARGAS un 26%. Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también sufrieron ajustes: Policía Federal -32%, Gendarmería y Prefectura Naval -29%, Ejército -17%, Armada -20% y Fuerza Aérea -21%.
En transporte y obra pública, la ejecución de programas fue extremadamente baja, con caídas entre 89% y 100% en infraestructura en municipios, rutas nuevas, pavimentación, cuencas, túneles y puentes, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-94%), Desarrollo de Obra Pública (-93%) y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-89%).
El informe concluye que la Administración Pública Nacional enfrenta un escenario de fuerte reducción del gasto en políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se prioriza el incremento en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. Según el análisis, la magnitud de los recortes constituye un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.
