Por Redacción
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, manifestó su preocupación por el documento que firmaron gobernadores provinciales, donde solicitan que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos sean transferidos directamente a las provincias para su libre administración. La organización sindical advirtió que esa propuesta podría desarticular el sistema federal de infraestructura vial y afectar su funcionamiento.
Desde la conducción del sindicato alertó que la medida implicaría “la fragmentación de una política pública esencialmente federal”. A través de un comunicado, el STVyARA sostuvo: “Tal como establece la Ley N° 505/58, Vialidad Nacional es el organismo rector de la actividad vial en todo el territorio de la República Argentina, función que ejerce en coordinación con el Consejo Vial Federal, integrando capacidades técnicas, estratégicas y operativas con el fin de desarrollar una red vial federal que garantice la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país”.
Por otro lado aseguró que aunque la decisión de los gobernadores “puede tener una motivación legítima” desde las necesidades locales, puede “comprometer la planificación estratégica nacional, poniendo en riesgo la coherencia territorial del sistema vial argentino”.
La dirigencia sindical sostuvo que Vialidad Nacional cuenta con “infraestructura, personal técnico especializado y equipamiento distribuido en todas las provincias, lo que permite ejecutar obras de forma eficiente, con criterios unificados y con la experiencia acumulada durante décadas”. En esa línea añadió que el traspaso de estos fondos directamente a las jurisdicciones implicaría “la duplicación innecesaria de estructuras provinciales, el desaprovechamiento de los recursos ya existentes y la consecuente pérdida de eficiencia en el uso del dinero público”.
Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA, integrante de la CATT y del Consejo Directivo de la CGT, se refirió a la parálisis que atraviesa la red vial nacional y al rol del Estado nacional frente a la crisis, afirmó que “si existe una situación de parálisis en la ejecución de obras públicas por parte del Gobierno Nacional, lo que corresponde no es desmantelar el esquema federal vigente, sino reclamar con firmeza -por las vías administrativas, legislativas y, de ser necesario, judiciales- la reactivación inmediata del uso de los fondos específicos del combustible, hoy depositados y ociosos, en desmedro del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial”.
La dirigenta explicó la gravedad del problema y sostuvo: “La red vial argentina requiere una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales”. AL mismo tiempo detalló las posibles consecuencias de una ruptura del esquema nacional: “Pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada”.
Aleñá remarcó que el Gobierno Nacional debe aplicar los fondos según lo que establece la ley y llamó al Congreso a intervenir. Subrayó que “no se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa. Por ello es sumamente importante que el Congreso Nacional, intervenga a los fines de lograr la transferencia de los montos retenidos y asegurar el normal desembolso, que por ley hoy le corresponde, a la Dirección Nacional de Vialidad”.
