Por Redacción
El Senado votó y aprobó el último jueves la ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma establece medidas para recomponer prestaciones arancelarias, fija la actualización automática de pensiones no contributivas y refuerza el financiamiento para garantizar derechos.
La iniciativa logró 56 votos de senadores peronistas, radicales, provinciales y de los legisladores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. El bloque mayoritario de ese partido, La Libertad Avanza y representantes provinciales decidieron ausentarse. Argumentaron que la sesión resultaba inválida, por lo que la conducción quedó en manos de la peronista Silvia Sapag. El texto aprobado ordena que las prestaciones se actualicen desde el 1 de diciembre de 2023 de acuerdo con la inflación y dispone que las pensiones por discapacidad equivalgan al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Asimismo, obliga a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos suficientes, sin cobertura previsional, de 70 años o más, o que cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La Jefatura de Gabinete queda facultada para ampliar y modificar partidas presupuestarias a fin de garantizar los recursos. La aprobación de la legislación estuvo direccionada a brindarle protección social a quienes más lo necesitan en contraposición a las demandas del Ejecutivo.
Javier Milei anticipó que vetará la Ley dado que, según su criterio, tiene impacto presupuestario en la política de déficit cero que defiende su gestión. De este modo, el libertario desoye el reclamo popular y promueve el ajuste entre los sectores sociales más desprotegidos. En tal sentido, cabe señalar que para él la Justicia Social es una aberración por lo tanto no tiene interés en humanizar su política.
