Por Redacción
El Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la decisión del gobierno libertario de tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que se encuentra comprometido el normal funcionamiento de las universidades en todo el país. El bloque sindical, aseguró que la iniciativa oficial busca reemplazar la norma vigente ya ratificada por el Parlamento.
En el marco de un encuentro que se realizó en la sede de la CONADU, las organizaciones sindicales que integran el Frente, remarcaron que es necesario “coordinar y construir una posición común de cara al ciclo colectivo que comienza y a la necesidad de implementación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario”.
En ese marco, el Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó de manera categórica la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y exhortó a los diputados nacionales a que no la aprueben. Asimismo, repudió la represión del último miércoles en la inmediaciones del Congreso, cuando la Cámara de Senadores trabaja el proyecto en cuestión.
En relación con la situación salarial, las organizaciones reclamaron la convocatoria inmediata a paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la asunción del actual Gobierno y denunciaron que “en los últimos dos meses tuvimos 0% de aumento salarial con una inflación creciente. La discusión salarial es con los sindicatos en la mesa”.
Asimismo, exigieron el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y señalaron que, en el actual contexto presupuestario, se encuentra en riesgo el desarrollo normal de las actividades académicas, administrativas y de investigación en las universidades nacionales.
El Poder Ejecutivo confirmó que firmará un decreto para extender las sesiones extraordinarias del Parlamento hasta el 28 de febrero e incorporar al temario legislativo el envío de un nuevo proyecto de financiamiento para el sistema universitario. Según informó el propio Gobierno, el decreto se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial.
La decisión oficial se adoptó después de que el Ejecutivo presentara un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2024 por ambas cámaras del Congreso, vetada por el Presidente y luego ratificada por el Parlamento.
En paralelo, el Gobierno mantuvo reuniones con rectores de universidades públicas que integran el Consejo Interuniversitario Nacional, a quienes les propuso un esquema transitorio de asistencia presupuestaria, con el objetivo de aliviar la situación financiera de las casas de estudio y destrabar la cautelar judicial que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley vigente.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el propio Ejecutivo, el presupuesto previsto para las universidades asciende a 4,8 billones de pesos. Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso establece un piso de 7,2 billones de pesos, además de la actualización de los gastos de funcionamiento adeudados desde diciembre de 2023 y la recomposición de los salarios de docentes y nodocentes, que arrastran una pérdida acumulada frente a la inflación desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
