Por Redacción
Envalentonado por el resultado electoral del último domingo y con un Congreso que le puede ser favorable a partir de diciembre, el Gobierno libertario avanza con una reforma laboral regresiva disfrazada de modernización. En este contexto, la diputada libertaria Romina Diez presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que impulsa una profunda modificación del régimen derechos laborales, en línea con el programa de desregulación total promovido en la Ley Bases.
Diez, economista formada en la Universidad Nacional de Rosario y vinculada durante años a la Fundación Libertad, fue la candidata más votada de Santa Fe en 2023 con el 35% de los votos. Su trayectoria dentro del espacio libertario está marcada por la defensa del libre mercado y por la oposición a la intervención estatal en las relaciones laborales.
El texto presentado en el Congreso argumenta que busca “actualizar la relación entre empleador y empleado”, pero las disposiciones incluidas suponen una flexibilización general de los derechos laborales. Entre los cambios más significativos, se plantea la ampliación de la jornada de trabajo y la desregulación de los convenios colectivos, lo que permitiría a las empresas modificar horarios, tareas y modalidades según sus propias necesidades. El proyecto crea, además, bancos de horas que reemplazan el pago de horas extras por descansos compensatorios, lo que elimina el adicional económico por trabajo fuera de horario.
En materia de despidos, se habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas a pagar las indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales y se redefine el cálculo de intereses en los créditos laborales, lo que reduce de manera notable los montos que perciben los trabajadores despedidos. El texto introduce mecanismos más estrictos de control patronal sobre las licencias por enfermedad, al permitir la intervención directa de la Secretaría de Trabajo en la verificación de certificados médicos y en la eventual sanción de los profesionales que los emitan. Si el trabajador no se reincorpora luego del año adicional de reserva del puesto, la empresa queda autorizada a finalizar el vínculo sin indemnización.
Las vacaciones también se ven modificadas: podrán fraccionarse en períodos de una semana y su otorgamiento dependerá de las necesidades de la empresa. En el caso de cónyuges o convivientes que trabajen en el mismo establecimiento, la coincidencia de fechas quedará sujeta a la decisión patronal.
Otro aspecto relevante redefine los beneficios sociales no remunerativos —como almuerzos, útiles escolares o servicios de internet—, que dejan de integrarse al salario, lo que permite a los empleadores otorgar compensaciones sin impacto en aportes, aguinaldo ni contribuciones.
El proyecto incorpora además la emisión electrónica de recibos de sueldo y refuerza el poder disciplinario del empleador, ya que fija un plazo máximo de treinta días para que el trabajador impugne sanciones, lo que implica la limitación de las instancias de reclamo sindical y judicial.
El proyecto crea un sistema de bonos de crédito fiscal destinado a las empresas que realicen nuevas contrataciones durante los primeros dieciocho meses de vigencia de la norma. Los beneficios se calcularán entre el 25% y el 100%, según el tamaño de la firma. En paralelo, introduce cambios en el régimen de trabajo agrario que excluyen a trabajadores de actividades industriales o de servicios, lo que agrava la precarización del empleo rural.
El contenido del proyecto refleja el enfoque ideológico que Diez cultivó en la Fundación Libertad: un modelo de libre mercado que prioriza la rentabilidad empresarial y reduce las protecciones colectivas. La iniciativa se inscribe en la línea de la Ley Bases impulsada por el Ejecutivo y reedita las políticas de flexibilización de los años noventa, bajo el argumento de modernizar el sistema laboral argentino.
