Por Redacción
En el marco de la guerra que Estados Unidos e Israel emprenden contra Irán, el gobierno de Javier Milei, a través del Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, firmó el último jueves en Maimi una Declaración Multilateral no vinculante junto a catorce países alineados con el mandato de geopolítico de Donald Trump. El acuerdo prevé el combate del crimen organizado, el narcotráfico y la ciberseguiridad, en acciones conjuntas e impone la «adecuación» de marcos jurídicos y estructuras de defensa.
Por América latina participaron Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia. El resto de las delegaciones correspondió a gobiernos del hemisferio que participaron en ele encuadramiento colonial con las estrategias determinadas por el aparato militar estadounidense que conduce la coordinación entre fuerzas armadas y organismos de seguridad. Cada país firmante rubricó, a su vez, un acuerdo bilateral específico con Estados Unidos, en esta estructura, los países involucrados entregan su soberanía militar, en tanto legitiman al aparato semi-colonial con transformaciones de las legislaciones internas vinculadas a la seguridad.
Cada nación posee marcos legales propios, estructuras constitucionales diferentes y sistemas particulares de organización de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad. La adecuación jurídica implica una política de subordinación absoluto al mandato de Estados Unidos, en el marco de un proceso donde los cambios de la estructura global demandan nuevas caracterizaciones de integración. De este modo, el gobierno de Trump se asegura el dominio de una gran parte de América Latina y de sus recursos, algo que se encubre detrás de eufemismos discursivos.
La participación argentina en este esquema de acuerdos forma parte de la política exterior que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza que. desde una posición de sobre giro ideológico decidió ceder totalmente la soberanía argentina a los designios colonizadores de Washington y Tel Aviv. Por otro lado, como representante de las Fuerzas Armadas, Presti, abandona todo principio nacionalista y se subordina a los intereses de la oligarquía. Con este posicionamiento, la administración libertaria, omite la hipótesis de conflicto que involucra a Gran Bretaña y su ocupación imperial de las Islas Malvinas.
Durante su exposición, Presti, sostuvo que «la Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva. Esa posición nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y global, con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional».
El militar argentino, rubricó la docilidad del gobierno, al puntualizar que «los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la Defensa constituye una función central del Estado».
En el gobierno de Milei están convencidos que Argentina, Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, comparten un destino común. Esa convicción le permite efectivizar la entrega de soberanía y abrir las puertas de una intervención militar estadounidense en la dirección política del país. El Ministro de Defensa, confirmó que «el núcleo de nuestra visión es el capital humano y la innovación tecnológica, un binomio que impulsa el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas con capacidades modernas, ágiles y competitivas, orientadas a consolidarnos como un socio confiable, capaz de aportar estabilidad y cooperación efectiva”.
Por último, el funcionario utilizó el subterfugio amañado del gobierno reaccionario en torno a la ficticia libertad y expuso que “al suscribir esta Declaración Multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, dentro de nuestro marco constitucional, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes. La Argentina reafirma, como lo hizo desde que inició el gobierno del Presidente Javier Milei, su compromiso con la defensa de la libertad y la seguridad”.
El argumento oficial, que justifica el disciplinamiento anti-nacional, se sustentó en base a tres ejes: «los vínculos de seguridad y defensa entre los participantes», el falso «respeto por la soberanía de cada una de nuestras naciones, en consonancia con los acuerdos bilaterales existentes y las leyes de los respectivos países» y la «importancia estratégica de fortalecer la cooperación entre los socios, alineados con un interés común en un hemisferio occidental que debe ser seguro y protegido».
