Por Redacción
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro llevó adelante el último martes un mega operativo anti-narco en las favelas Complexo do Alemão y Penha, ubicadas cerca del aeropuerto internacional Antonio Carlos Jobim, que dejó cerca de 120 muertos de acuerdo a los últimos datos oficiales. La operación contó con la intervención de 2.500 efectivos policiales y produjo 81 detenidos. No obstante, versiones extraoficiales sostienen que se encontraron cuerpos sin identificar y heridos que no figuran entre los datos oficiales.
El operativo comenzó antes del amanecer y provocó un tiroteo que se extendió por horas en barrios donde viven alrededor de 300.000 personas. La magnitud del despliegue y la violencia de los enfrentamientos llevaron al gobernador de Río, Cláudio Castro, a declarar: “Esto ya no es delincuencia común, es narcoterrorismo”. En un video difundido por redes sociales, el mandatario afirmó que la ciudad “está en guerra” y definió la acción como “la mayor operación policial desde la redada de 2010”.
De acuerdo con fuentes oficiales, más de 80 sospechosos fueron detenidos y se incautaron al menos 93 rifles automáticos. Las armas, según las autoridades, reflejan el arsenal que las bandas de narcotraficantes acumulan desde fines de la década de 1980, cuando comenzaron a expandirse por los barrios populares de Río.
Testimonios de vecinos indicaron que los enfrentamientos comenzaron cerca de las cuatro de la madrugada, cuando miembros del Comando Rojo respondieron con fuego cerrado y levantaron barricadas incendiadas para impedir el avance de las fuerzas de seguridad. Por primera vez, se reportó el uso de drones armados por parte de los narcotraficantes para lanzar explosivos contra los agentes.
Durante toda la mañana, decenas de heridos fueron trasladados al hospital Getúlio Vargas. Hacia la tarde, las autoridades confirmaron la muerte de 64 personas, entre ellas cuatro policías. Un líder comunitario, en declaraciones a la prensa, señaló que “hay cadáveres esparcidos por las calles”. En tanto, el secretario de Seguridad de Río, Víctor Santos, explicó que la “Operación Contención” fue planificada para capturar a los jefes del Comando Rojo que controlan extensas zonas del estado y han extendido su presencia hacia el norte y la región amazónica.
Por otro lado, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, sostuvo que el estado de Río de Janeiro debe pedir la intervención federal si no logra dominar la situación. “Si el gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito será tragado por el crimen organizado”, declaró el funcionario.
Lewandowski confirmó que la operación, que paralizó la actividad escolar y comercial en la zona, no contó con coordinación del Gobierno federal. Aseguró que “Río de Janeiro no hizo pedidos para esta operación”. El Ministro expresó sus condolencias “a las familias de los cuatro policías muertos y a los inocentes que perecieron” y criticó el uso de “fuerza bruta” por parte de las autoridades locales.
El titular de Justicia remarcó que la política de seguridad debe orientarse hacia la inteligencia y la cooperación institucional. Asimismo, el funcionario del gobierno nacional, explicó que en septiembre se llevó adelante la Operación Carbono Oculto, en San Pablo, donde la Policía Federal, la Policía Militar, el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Ingresos Federales lograron desarticular al Primer Comando de la Capital y «nadie murió y la organización criminal fue derrotada. Así se combate el crimen organizado».
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva evaluaba en las últimas horas los pasos a seguir ante la escalada de violencia en Río, mientras el estado amanecía bajo fuerte custodia policial y con barrios enteros devastados por los enfrentamientos. Al mismo tiempo, distintas fuentes confirmaron que es posible que durante las próximas horas el número de víctimas fatales se incremente.
El trasfondo político
El operativo se desplegó en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los complejos de Alemão y Penha, y los barrios de Anchieta, Méier, Grajaú-Jacarepaguá, Cidade de Deus, Chapadão y Engenho da Rainha. Durante las horas de enfrentamientos, la Avenida Brasil y la Linha Amarela permanecieron cerradas, lo que paralizó el tránsito y generó un colapso generalizado. Escuelas, hospitales y comercios interrumpieron sus actividades, y millones de trabajadores quedaron atrapados en medio del caos.
Los movimientos populares denunciaron que la operación tiene un trasfondo político. En un comunicado conjunto, afirmaron que “esta masacre se produce en el período previo al inicio del año electoral, lo que hace aún más evidente que la política de represión y exterminio de la población negra y pobre es una estrategia para garantizar el control social y el fortalecimiento de una maquinaria de poder basada en el miedo y la violencia”.
Cabe señalara que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que responde políticamente al grupo que lidera Bolsonaro, tiene aspiraciones políticas. Este miércoles, vecinos de las favelas protestaron contra el funcionario a quien responsabilizaron por la matanza. Por estas horas, familiares de las víctimas reconocían en las calles los cuerpos de sus seres queridos, totalmente desamparados.
Las agrupaciones sociales reclamaron políticas públicas centradas en la educación, la salud y la inclusión, y no en la represión. Indicaron: «La mal llamada ‘política de seguridad pública’ de Castro y otros gobernantes que la defienden es la defensa de la muerte. Río de Janeiro, al igual que otras ciudades y estados brasileños, necesita políticas públicas que garanticen la vida, la dignidad y el derecho a la educación y la salud para todos, no más muertes, más dolor y más violencia».
