Los profesores de historia de la escuela primaria y secundaria nos hicieron creer que nos habíamos independizado en forma definitiva de la Monarquía Española el 9 de julio de 1816; un hecho que ya se preanunciaba cuando la Asamblea General Constituyente del 11 de mayo de 1813 aprobaba el Himno Nacional Argentino (la Marcha Patriótica), creada por Vicente López y Planes y Blas Parera.
En ella, respecto a la referida Monarquía, se dedicaban las estrofas “al fiero opresor de la Patria, el ibérico altivo león, rendido a las plantas de una nueva y gloriosa nación”, dejando de manifiesto la poca simpatía que se le tenía a la madre España; sentimiento que también alcanzaba a Inglaterra, que habría de plasmarse -a propuesta del Diputado de Buenos Aires Pedro Medrano- en la modificación del Juramento del Acta de Independencia, de modo tal que, donde decía “independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli”, se añadiría “…y de toda dominación extranjera” para evitar cualquier otra dependencia que, implícitamente, estaría destinada a la corona británica, que había pretendido invadirnos en 1806 y 1807.
Tanto Blas Parera como Vicente López y Planes eran antimonárquicos, y el autor de la letra, además de doctor en derecho y diputado, peleó contra los británicos en 1807 como Capitán de Patricios, al igual que lo hiciese Parera como voluntario.
En 1813 los patriotas tenían claro lo que el gobierno argentino en 2025 no tiene: «¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto y llantos, y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental son letreros eternos que dicen: Aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la Patria su cerviz orgullosa dobló», rezaba entonces el Himno Nacional.
Frente a la ausencia de políticas nacionales, la estrategia relativa al Atlántico Suroccidental, a Malvinas, la pesca y los puertos sensibles de la Argentina parecen diseñados desde España, el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) y Estados Unidos; aunque China, también ocupa un papel central. No es posible subordinar la soberanía política y la economía nacional al diseño de intereses extraños.
En general, observamos que las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de “Perpetua” Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después —en 1833— nos invadía el territorio nacional de Malvinas y, desde esa fecha, no ha hecho otra cosa que avanzar en la invasión de nuestros territorios y apropiación de nuestros recursos pesqueros. Por su parte, España reconoció la independencia argentina el 21 de septiembre de 1863 y con ello la soberanía de Malvinas. No obstante, desde -al menos- 1976, se apropia ilegalmente de nuestros recursos pesqueros en las aguas de Malvinas y los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar.
El gobierno nacional, como veremos: ausente, obediente o inepto.
Ya entrando en detalle, observamos la falta de políticas del gobierno nacional o la ejecución de políticas que benefician a intereses extranjeros y desalientan la inversión y producción pesquera de capital nacional. Estas políticas, muy particularmente, debilitan el control del Atlántico Sur; en especial, el área meridional de éste, relacionada con la defensa y seguridad de la Patagonia, el control de la navegación hacia los océanos Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida.
Ya nos hemos referido al proyecto del gobierno establecido en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina. Esta ley permitía que no descargaran sus capturas en los puertos argentinos, utilizaran buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros. Una reforma que naufragó por la presión sectorial y política. De haberse ejecutado, no solo habría llevado a la quiebra a la industria nacional, sino que hubiese atentado contra el único control efectivo que se ejerce en el mar por la presencia permanente de 882 buques habilitados que pescan en la Zona Económica Exclusiva, incluyendo el control de los buques extranjeros que pescan ilegalmente en las aguas de Malvinas con permisos “ilegales” británicos.
Pese a haberse desactivado ese “proyecto bananero”, un efecto idéntico está logrando el gobierno mediante una política económica e impositiva que dificulta, le quita competitividad y rentabilidad a la producción pesquera argentina. Esto hace inviable la actividad nacional, profundizando la concentración y extranjerización de la pesca. Las consecuencias de este modelo no serán el aumento de dólares exportados, ni su valor agregado ni el incremento de la mano de obra nacional. En cambio, se favorecen prácticas que propician la evasión, la pesca ilegal, el incremento de la dependencia de la producción nacional a políticas diseñadas fuera del país y el descontrol territorial y marítimo del país.
La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación a la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos, todos importadores de pescados, langostinos y calamares que sufren aranceles a los productos terminados. España, China y Estados Unidos son los principales compradores de productos pesqueros argentinos. Este último, el tercer comprador de productos argentinos, acaba de agregar un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, porcentaje similar al que se aplicaría a países que han rechazado las políticas de ese país.
Este escenario contrasta con la postura del gobierno argentino, que ha declarado un alineamiento total a Israel y a Estados Unidos. Además, el gobierno ha aceptado —de hecho— la explotación petrolera de las empresas Rockhopper Exploration (RUGB) y Navitas Petroleum (Israel) en Malvinas, violando la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, fortaleciendo la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur.
Por otra parte, el gobierno actual, en marzo de 2024, acuerda con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que éste realice “entre otras actividades no detalladas” tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo pretende concesionar a 30 años a empresas extranjeras, cuando su administración debiera estar en manos de las provincias a cuya jurisdicción les corresponden los ríos.
Por donde la Argentina transporta, entre otras mercaderías, “74 millones de toneladas de carga (lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina además de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje), lo que representa un valor FOB total que supera los US$70 mil millones” (Fabián Lugarini, 15/9/2020).
Finalmente, mientras los isleños británicos en Malvinas confirman la construcción de un nuevo puerto en el Archipiélago que servirá de apoyo a toda la flota pesquera, comercial, de investigación y de transporte en el Atlántico Sur, el gobierno nacional se encamina en forma conjunta con Estados Unidos —el principal aliado del Reino Unido— a desarrollar una Base Naval en Ushuaia que se destinaría a asiento de submarinos nucleares, en contravención con la Resolución 41/11 de las Naciones Unidas, que el 27 de octubre de 1986 declaró al Océano Atlántico Sur, entre África y América del Sur, como “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS).
Esta resolución, entre otras misiones, tenía como objetivo “la reducción y eventual eliminación de la presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos ajenos”. Complementariamente, esta Base tendría por objeto llevar adelante operaciones logísticas en la Antártida, que la Argentina disputa con el Reino Unido y Chile. Situación que no solo debilitaría la presencia argentina en el continente antártico, sino también nuestro control de la parte meridional del Atlántico Sur y Malvinas y, como hemos dicho, de los pasos al Pacífico.
Nada es casualidad en la política del Reino Unido sobre Argentina y el Atlántico Sur y, con el objeto de avanzar en sus políticas energéticas, acaba de nombrar a David Cairns, hasta el momento vicepresidente de la anglonoruega Equinor, como nuevo embajador británico en Argentina. Equinor es una empresa petrolera que tiene negocios en Vaca Muerta y el gobierno de Macri le otorgó en 2019 varios bloques de explotación petrolera offshore en las Cuencas Austral (105 y 106); Malvinas (121 y 123) y Norte Argentina (100, 102, 108 y 114). Esta última, a trescientos km de Mar del Plata.
Todo ello, a pesar de las incompatibilidades que le impone la Ley 26.659 (Solanas), ya que uno de sus directivos prestó servicios a los isleños británicos en Malvinas y, sobre las que estamos estudiando respecto a que la referida empresa podría estar aplicando un doble estándar en Argentina relativo a las exigencias y compensaciones de Noruega sobre la sostenibilidad de las especies frente a la contaminación acústica de los estudios sísmicos. Como contracara, la estrategia del gobierno argentino es claudicante: nombró a Mariana Plaza como embajadora en Londres, una diplomática que “propone abandonar el reclamo de Malvinas” (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/4/2025).
Pero, si faltaba poco, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó con su par del RUGB, Dan Jarvis, el “Memorando de Entendimiento” —firmado por el ex presidente Fernández— de cooperación entre ambas naciones para “combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad”; algo así como acordar con el zorro el cuidado del gallinero.
El RUGB tiene ocupados 1.639.900 km² de territorio marítimo argentino; se apropia de 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos de las aguas de Malvinas; nos disputa más de 1.400.000 km² de plataforma continental más allá de las 200 millas, además de la Antártida Argentina. El RUGB es un invasor que mantiene militarizada Malvinas y nos veta la compra de armas de defensa. No es un país confiable con el que podemos compartir las estrategias de seguridad nacional.
Por su parte, en la Argentina, se encuentran autorizados unos 84 buques pertenecientes a unas 23 empresas nacionales con capitales chinos, muchas de las cuales son propiedad del Estado chino. Esto resulta un verdadero absurdo, dado que cada año unos 300 buques chinos pescan de manera ilegal los recursos migratorios originados en la Zona Económica Exclusiva Argentina. Además, cabe preguntarse quién podría asegurar que, mediante transbordos en alta mar, no se blanquea esta pesca ilegal a través de las empresas nacionales de capital extranjero o, por el contrario, se sub-declaran las capturas.
Mientras tanto, gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscan concretar acuerdos con empresas chinas —del Estado chino— que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Estos acuerdos, en cualquier caso, deberían pasar por el Congreso de la Nación y, ciertamente, ser rechazados, ya que la pesca ilegal no solo afecta el ecosistema, sino también la economía de las regiones y de la Nación.
Un fenómeno similar podría ocurrir con las empresas españolas que pescan en Malvinas o en alta mar. Mientras subsistan empresas nacionales de capital extranjero y buques extranjeros de los mismos capitales, pescando de forma ilegal los recursos migratorios en alta mar, los interrogantes seguirán vigentes. En cualquier caso, el sistema de control actual resulta insuficiente, tanto en los controles de procesamiento y stock en tierra, como en las capturas y desembarcos, lo que facilita todo tipo de prácticas asociadas con la pesca ilegal.
Finalmente, como indica la RevistaPuerto (Karina Fernández, 8/5/2025), “se reunieron en Barcelona (España) más de treinta dueños y CEOs de las empresas con buques tangoneros congeladores y resolvieron que los barcos quedarán amarrados hasta que se alcance un acuerdo para una baja del 30% de los costos de producción (NdA: valores de referencia en relación a los Convenios de Trabajo) con las autoridades laborales y los gremios”, dejando en claro las motivaciones de un ajuste para reducir una rentabilidad negativa del orden del 15%; además de precisar en qué lugar se tomó la decisión y quiénes fueron los responsables.
Llama la atención (¿o no?) que una decisión de esta naturaleza se tome fuera del país y, también, la ausencia del Consejo Federal Pesquero en esta decisión disruptiva, ya que, si bien, como diría el gobierno, “se trata de una cuestión entre privados”, no debe perderse de vista que la explotación pesquera se otorga mediante “concesión” de los recursos pesqueros del Estado Nacional y Provinciales, y el país no puede dejar en el mar miles de toneladas de proteínas.
Por un lado, esta resolución empresarial podría considerarse un lockout patronal, aunque el principal responsable sea el gobierno, dado que la falta de rentabilidad está relacionada con los altos costos impositivos, el agregado de retenciones y los derechos a la extracción que se aplican a la actividad, haciendo que sea inviable.
A días de la Revolución de Mayo, es hora de que las decisiones las tomen los argentinos en la Argentina.
*Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
13/5/2025
