Por Redacción
Las condiciones laborales de los brigadistas forestales que combaten los incendios en la Comarca Andina quedaron expuestas en plena emergencia ambiental. Los trabajadores del sector mantienen paritarias congeladas desde 2022 y durante 2024 el gobierno de Javier Milei los excluyó de las negociaciones salariales formales, lo que consolidó un deterioro sostenido de ingresos y derechos laborales.
En la actualidad, los sueldos mensuales oscilan entre $600.000 y $850.000, cifras que resultan inferiores a las percibidas por personal administrativo dentro del mismo ámbito estatal. La situación salarial se combina con contratos de corta duración, en muchos casos de apenas tres meses, un esquema que impide estabilidad, carrera laboral y previsión jubilatoria.
En este contexto, mientras los trabajadores combaten el fuego en la Patagonia, Milei hizo gala de su profuso cinismo y utilizó las redes sociales para expresar su falso acompañamiento a aquellos que trabajan para extinguir los incendios en las zonas afectadas. En tal sentido, sostuvo: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, y agregó: “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.
El reconocimiento público contrasta con las decisiones presupuestarias adoptadas por el Ejecutivo. El Presupuesto 2026 prevé un recorte del 53% en el programa de Manejo del Fuego, con reducciones específicas en financiamiento para horas de vuelo y sistemas de alerta temprana, herramientas clave para la prevención y el control de incendios.
No obstante, ´más allá de las posición negacionista del libertario, el ajuste alcanzó a los bomberos voluntarios de todo el país. Durante 2025, el Gobierno nacional transfirió solo una parte de los fondos establecidos por la Ley 25.054, que financia al sector mediante una tasa del 5 por mil aplicada a las primas de seguros de automotores y viviendas. En 2024, ese mecanismo generó $65.000 millones, equivalentes a 44 millones de dólares. A los cuarteles llegó una única cuota de $31.000 millones, sin nuevos envíos posteriores.
Las consecuencias impactaron en la estructura operativa del Estado. La dotación de brigadistas en Parques Nacionales se redujo de 430 a 360 trabajadores, una caída vinculada a despidos, falta de renovación contractual y condiciones laborales precarias.
Ante ese escenario, los propios brigadistas difundieron un mensaje público para expresar su reclamo. Al respecto señalaron: “Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad laboral y una jubilación acorde”. Al mismo tiempo advirtieron: “Necesitamos respuestas de manera urgente. Si no, nos empujan a un conflicto que no queremos. Queremos trabajar y seguir haciéndolo de la mejor manera posible”.
Mientras los incendios continúan activos, el contraste entre el discurso oficial y las políticas aplicadas deja en evidencia la falta de una respuesta estructural para quienes sostienen, en el territorio, la primera línea de defensa ambiental y evidencia que el ajuste no trae mejoras en la calidad de vida de los argentinos. Asimismo, el gobierno libertario se desentiende de sus funciones en el cuidad del medio ambiente y desprotege a las provincias, incluso, a aquellas en las cuales sus gobernadores se presentan como sus aliados.
