Por Redacción
La Comisión Nacional de Justicia y Paz ante el Decreto de Necesidad y Urgencia, dictado por el Poder Ejecutivo y el proyecto de Ley Ómnibus que se discute en el Congreso Nacional expresó, este lunes, su preocupación por lo que ello significa para la democracia y ratificó su postura de estar al “servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan dar el debido cauce a las propuestas del PEN”.
En tal sentido, el organismo resaltó que “el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia y enviado al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley con modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino, que en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”.
Al mismo tiempo, expuso que “toda esta normativa entró de hecho en vigencia en forma inmediata, aun cuando no se verifican los requisitos de necesidad y urgencia que configuren la situación de excepcionalidad exigida por el artículo 99, inciso 3° la Constitución Nacional, que prohíbe “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”, el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo”.
La Comisión Nacional de Justicia Paz, explicó que “las políticas de Estado solo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos que forman parte del contrato histórico que la democracia asume como forma de gobierno del conjunto, con un sentido inclusivo, republicano y federal”.
“Recordamos en este sentido que, tal como sostuvieron nuestros Obispos en este diciembre que “la conmemoración de los 40 años de recuperación de la democracia constituye también un tiempo propicio para promover la igualdad ciudadana, para renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos con humildad y esperanza, cuidando la institucionalidad y la gobernabilidad”, recalcando que es necesario ir a la cultura del encuentro, a partir de la escucha que nos habilita a debatir y superar las diferencias”, resaltó la entidad que depende de la Conferencia Episcopal Argentina.
Por otro lado, sostuvo que es “indispensable que todas las modificaciones que se proponen sean suficientemente debatidas, buscando la construcción institucional de consensos que permita discernir en cada punto la bondad de la medida o su inconveniente en orden al bien común”.
Asimismo, la Comisión señaló que para todo ello es necesario “tiempo para un diálogo honesto y fecundo, que permita sentar las bases de un país integrado. A la vez que, en su tratamiento, se vele por garantizar el bien común; tarea que le compete al Estado por encima de los intereses del mercado y de la especulación financiera”.
Por último subrayó que “es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos o referentes en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas, que pueden aportar para delinear alternativas superadoras, en particular aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad”.
15/1/2024
