Por Redacción
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Organización de las Naciones Unidas volvió a llamar la atención sobre un delito que sigue expandiéndose y afecta a miles de víctimas cada año en todo el planeta. Entre 2020 y 2023 se detectaron más de 200.000 casos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la subdeclaración y la dificultad para registrar estas situaciones. El jueves 30 de julio habrá distintos encuentros de toma de conciencia sobre un tema que afecta a la comunidad internacional.
De acuerdo a los datos de la ONU, el 74% de quienes cometen este delito pertenece a redes delictivas organizadas que aprovechan rutas migratorias, vacíos legales, cadenas de suministro globales y plataformas digitales para trasladar personas a largas distancias con métodos violentos y objetivos de explotación. En 2022, personas de 162 nacionalidades fueron víctimas en 128 países. La mayoría de los responsables condenados resultaron ser hombres, involucrados en el 70% de los casos. África concentró el 31% de los flujos de trata transfronteriza.
Trabajo forzoso, explotación sexual, servidumbre y delitos como tráfico de drogas o estafas en línea forman parte de las actividades con las que estas redes obtienen ganancias millonarias. Desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se aseguró que “las fuerzas del orden deben aplicar leyes estrictas, llevar a cabo investigaciones proactivas, reforzar la cooperación transfronteriza, centrarse en las finanzas delictivas y aprovechar la tecnología para identificar y desmantelar las redes de trata”.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas establece en su artículo 3: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
La campaña de este año hace foco en la responsabilidad de la justicia penal y las fuerzas de seguridad para cortar redes delictivas en zonas clave como terminales de transporte, pasos fronterizos y entornos digitales. Desde la UNODC se insistió en garantizar protección para las víctimas y condenas efectivas para los responsables, frente a un delito que afecta a países de origen, tránsito y destino en todos los continentes.
