Por Redacción
La Fundación Germán Abdala presentó el informe: «¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado», con el objetivo de explorar la situación salarial y laboral en la Administración Pública. En este marco, la entidad evidenció que «la reconstrucción del Estado y la búsqueda de una nueva estatalidad deben reconocer el pluriempleo como un rasgo estructural del empleo público contemporáneo».
El relevamiento, realizado por los especialistas Emiliano Bisaro y Romina Piccirillo, puso de relieve las características de un fenómeno social que se extiende aceleradamente. En la actualidad, se estima que en el país existen más de 2.400.000 personas que apelan a esta modalidad laboral para poder llegar al término del mes sin sobresaltos. Este valor representa al 16,6% de la Población Económicamente Activa.
«Este fenómeno se enmarca en un deterioro generalizado de las variables del empleo en la Argentina: pérdida del poder adquisitivo, aumento del desempleo y la informalidad, retroceso de las normativas y de las protecciones laborales, entre otros; y de la proliferación de ofertas laborales desreguladas a través de la plataformización del trabajo. Todas ellas son marcas de la dinámica laboral argentina contemporánea», indicaron los autores del trabajo.
Del mismo modo, aseguraron que «el incremento del pluriempleo está asociado, principalmente, a los problemas de ingresos de las y los trabajadores. En otras palabras: con un solo salario no alcanza, por lo que es necesario obtener otro empleo. Dicho de otro modo, el crecimiento del pluriempleo refleja una relación cada vez más desfavorable entre la cantidad de horas trabajadas y la remuneración percibida».
Asimismo, afirmaron que «el pluriempleo tiene como principales efectos la extensión de la jornada laboral y la dilución de las fronteras entre los distintos trabajos, así como entre el tiempo laboral y el no laboral. Estas circunstancias impactan directamente en la salud mental de las y los trabajadores, y también en sus familias».
Bisaro y Piccirillo, constataron que tres rasgos más relevantes del gobierno de Milei respecto del empleo. Estos son: «los despidos o bajas (retiros, jubilaciones, etc.), que superan las 50.000 personas, los cuales se concentran principalmente en empresas del Estado; la pérdida salarial, que ronda el 35 %; y el desarme de políticas públicas, con la consiguiente desarticulación de las tareas estatales».
En tal sentido, indicaron que «el 64 % (316 personas) posee otro trabajo, mientras que solo el 36 % tiene un único empleo. Entre quienes están atravesados por el pluriempleo, el 44 % posee dos empleos; luego desciende al 17 % con tres trabajos, y al 3 % con más de tres. En este punto no se identifican sesgos de género, edad, función o nivel salarial».
Por otro lado, se corroboró que «el 71 % señala que está buscando otro trabajo. Este porcentaje se incrementa entre quienes poseen un solo empleo, llegando al 77 %. Sin embargo, incluso entre quienes ya tienen un segundo trabajo, la búsqueda continúa en el 68 % de los casos. Es decir, tener un segundo empleo no desalienta de manera significativa la búsqueda de otro».
No obstante, a pesar la situación adversa el 42% de los entrevistados manifestó su deseo de continuar su trabajo en el ámbito estatal y hacer carrera allí. En tanto, el resto reconoció que «su futuro laboral en la Administración
Pública es incierto (32 %) o que renunciará cuando encuentre un trabajo mejor. Estos valores indican que no siempre el empleo estatal constituye la actividad principal dentro del pluriempleo».
Lejos del imaginario social que representa la idea de que un trabajo en el Estado garantiza «estabilidad y solidez
respecto a sus derechos e ingresos», el 52% de los trabajadores confirmó que su ingreso es inferior al millón de pesos. Sobre la relación laboral, el 58% precisó que se encuentra en planta permanente o transitoria.
Para los autores de la investigación, «esta problemática no solo refleja las condiciones laborales de las y los trabajadores estatales, sino que, desde una perspectiva de políticas públicas, también impacta negativamente en las capacidades estatales. La necesidad de recurrir al pluriempleo para alcanzar un ingreso digno puede generar efectos adversos como el agotamiento físico y mental, el burnout, la frustración y una baja expectativa respecto al desarrollo profesional o la proyección en la carrera administrativa».
En esa línea, remarcaron que «estas consecuencias no solo afectan a las personas trabajadoras, sino que también deterioran la calidad de las políticas públicas, al limitar la disponibilidad, la motivación y el compromiso en las tareas que el Estado debe garantizar».
Según la encuesta, un 35 % de los empleados públicos recurre a emprendimientos propios o familiares, de carácter comercial, productivo o de servicios, para sostener su nivel de ingresos. El salario promedio del empleo público registra una pérdida aproximada del 35 % en términos reales. Por otro lado, existen dos factores clave que explican esta dinámica: los atributos del empleo estatal y las demandas de los sindicatos.
En cuanto a los atributos, el 30 % de los encuestados valoró la estabilidad laboral como el principal beneficio, mientras que un 23 % mencionó los aportes jubilatorios y la seguridad social. En total, un 53 % destacó elementos que protegen frente a la precariedad. “El salario aparece recién en tercer lugar, con un 11 %, muchas veces apreciado por ser fijo y no por su monto”, precisó el trabajo realizado por la Fundación Germán Abdala.
Respecto a las demandas sindicales, un 38 % reclamó mejoras salariales, lo que constituye el pedido más significativo. Otros reclamos apuntan a carrera administrativa, prestaciones y servicios, flexibilidad horaria o trabajo híbrido, todos vinculados indirectamente a la necesidad de mayores ingresos o tiempo disponible para otras actividades.
En este contexto, solo el 22 % de los entrevistados logra combinar sus diferentes trabajos con la vida familiar y personal, mientras que el 50 % lo consigue a veces y el 28 % admite que no puede hacerlo. La jornada laboral del 60 % de los trabajadores estatales alcanza entre 31 y 40 horas semanales; otro 22 % supera las 40 horas. Para muchos, la segunda actividad comienza al concluir la primera. La situación se complejiza cuando un 20 % posee tres o más empleos y el 59 % tiene personas a su cargo.
Las actividades complementarias son diversas: un 35 % brinda servicios educativos —como clases, talleres, investigación o consultoría—; un 14 % trabaja en el sector privado; un 5 % ofrece servicios profesionales (medicina, abogacía, psicología, rehabilitación, producción de eventos o gestoría); otro 5 % realiza tareas en casas particulares; un 3 % opera en plataformas digitales como Rappi, Uber, Cabify u OnlyFans; un 2 % invierte en el mercado financiero; y un 1 % desarrolla otro trabajo dentro del Estado, cifra que probablemente esté subestimada por las incompatibilidades legales.
Bisaro y Piccirillo, destacaron que «existe una tendencia creciente al pluriempleo entre quienes trabajan en el Estado. De manera paulatina, se modifica la centralidad que el empleo estatal tuvo dentro del conjunto de actividades laborales. La caída relativa de los salarios públicos constituye, en parte, la base de este movimiento».
Por otro lado, indicaron que la situación de pluriempleo impacta de manera determinante sobre los tiempos de descanso y ocio: «La gestión de lo cotidiano se vuelve más difícil: afecta a las familias, pero también a los desempeños laborales. En los espacios de trabajo se percibe cada vez con mayor frecuencia el agotamiento, la fragmentación y la falta de pertenencia de personas que viven corriendo de un empleo a otro, sin tiempo para formarse ni recuperarse. Estos impactos deben ser analizados con mayor profundidad».
Los investigadores, enfatizaron que es preciso situar las discusiones de una agenda que permita comprender un fenómeno dinámico y que tiene a convertirse en una cuestión estructural. Advirtieron que «la reducción de la jornada laboral, históricamente entendida como una conquista orientada a ampliar el tiempo disponible para el disfrute, la creación, los vínculos afectivos y el descanso, requiere ser repensada en el marco del pluriempleo. Sin considerar este contexto, una reducción de la jornada podría traducirse, simplemente, en más tiempo para otro trabajo».
Por último, consideraron que «la reconstrucción del Estado y la búsqueda de una nueva estatalidad deben reconocer el pluriempleo como un rasgo estructural del empleo público contemporáneo. Este constituye uno de los puntos de partida para pensar las transformaciones necesarias. Se trata de un fenómeno que debe ser explorado en profundidad, reconociendo sus múltiples aristas y evaluándolo como un condicionante clave para diseñar políticas salariales, de carrera, de ingreso y de formación».
